La fiscala de la Unidad de Delitos Económicos y Anticorrupción, Alma Belinda Zayas, a partir de su ascenso a ese cargo integró equipos de investigación sobre denuncias por supuesta corrupción. Los registros evidencian que en contadas causas mostró una actuación “implacable”, mientras que en otras dejó señales de una actitud complaciente.
En diciembre de 2022, la exfiscala general del Estado Sandra Quiñónez se encargó de crear una unidad exclusiva para Zayas. A partir de ahí ganó más notoriedad con su participación en casos como el supuesto despilfarro de G. 90.000 millones del Fondo Nacional de Viviendas Sociales (Fonavis), a cargo del Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Hábitat (MUVH), durante la gestión del exministro Danny Durand; el presunto desfalco de más de G. 6.300 millones en la Cooperativa Ypacaraí y el aparente enriquecimiento ilícito, lavado de dinero y lesión de confianza del extitular de la Secretaría de Emergencia Nacional (SEN), Joaquín Roa, también procesado en el marco de la megaoperación “A Ultranza”.
La representante del Ministerio Público igualmente intervino en otros carpetas como la denuncia presentada por el exsenador Pedro Santacruz contra el actual ministro de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), César Diesel, por supuesto tráfico de influencias y nepotismo; en unas tres denuncias por aparentes hechos de corrupción del actual director paraguayo de la Itaipú Binacional, Justo Zacarías Irún (colorado cartista), cuando era gobernador de Alto Paraná (2013-2018) y en el proceso contra el exintendente de San Pedro, Gustavo Rodríguez (colorado cartista) por un presunto desfalco de G. 6.900 millones.
Lo llamativo que en estas tres últimas carpetas, la fiscala Zayas respondió en tiempo récord y pidió a la Justicia desistimientos y el sobreseimiento provisional de los denunciados, respectivamente. El caso más escandaloso es el de Zacarías Irún que entre el 31 de julio y 1 de agosto de este año consiguió que la jueza Terezita Cazal de Sanabria firmará las desestimaciones de tres denuncias en su contra, por pedido de la representante del Ministerio Público.
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Es decir, Zacarías Irún consiguió su “desestimación” pocos días antes de asumir al frente de la Itaipú.
Alma Zayas culpó a los malos caminos
Las denuncias contra Zacarías Irún -cuya esposa es la diputada y líder de la bancada cartista en la Cámara Baja, Rocío Abed- eran por la supuesta sobrefacturación en la construcción de gallineros, empedrados y otras obras. Según el pedido de Zayas, la desestimación fue porque no pudo determinar la valoración de las obras, en referencia a los gallineros, porque no accedieron hasta los lugares en donde fueron instalados.
Supuestamente, el perito fiscal no pudo llegar a los sitios donde fueron ubicados estos corrales porque los caminos estaban en mal estado. Lo curioso es que nuestro diario sí pudo llegar a los lugares donde debían estar los gallineros. Se encontró que varios corrales ya no existen, otros se habían convertido en jaulas para otros animales y en algunos casos, en precarias viviendas para indígenas.
Un punto muy sugestivo es que escasos 22 días después de que el cartista Zacarías Irún consiguiera la resolución a su favor, el esposo de Zayas logra un cargo en otra entidad binacional, Yacyretá. Se trata de Adolfo Manuel Álvarez Ketterer, quién llegó a la EBY en medio de pomposos anuncios del gobierno de Santiago Peña de despidos por supuesta superpoblación.
Más sospechoso es que Álvarez Ketterer entró con un salario básico mensual de G. 17 millones y como parte de la oficina a cargo de Eduardo González, también secretario y director de gabinete del Presidente de la Junta de Gobierno y líder de Honor Colorado, Horacio Cartes.
Exintendente cartista Gustavo Rodríguez, “salvado”
Otro caso que involucra a la fiscala Alma Zayas es el del exintendente cartista de San Pedro, Gustavo Rodríguez. Este último consiguió en octubre último su sobreseimiento provisional en la denuncia por supuesta lesión de confianza por pedido de la representante fiscal, quien adujo que están pendientes algunas diligencias. Zayas igualmente pidió levantar las medidas de conducta contra el exjefe comunal.
Alma Zayas integra el equipo que tuvo la reasignación, el 22 de marzo pasado, de causas ligadas al expresidente Cartes y su entorno. Una de ellas es la causa penal Nº 4/2018 caratulada: “Darío Messer y otros s/ lavado de dinero”. Esta fue abierta en base a informes de inteligencia financiera y a pedidos provenientes del Brasil con respecto a los millonarios movimientos realizados por Messer, que se encontraba escondido entonces en nuestro país.
Otra causa relacionada a este es la N° 5/2022, caratulada “Darío Messer y otros s/ lavado de dinero, inc 1°”.
Asimismo, Zayas tiene a su cargo la causa penal N° 314/2018, caratulada: “Innominado s/ lavado de dinero, inc. 1° y otros”. Esta fue abierta luego de que saltara a la luz la supuesta adulteración de un informe de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad) sobre los movimientos de Messer durante el gobierno de Horacio Cartes.
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La agente igualmente tiene a su cargo la causa penal Nº 15/2022, caratulada: “Investigación fiscal s/ h.p. de contrabando y lavado”. Esta carpeta fue abierta luego de que el exministro del Interior Arnaldo Giuzzio presentara una denuncia penal contra Cartes.
Giuzzio había denunciado al exmandatario por los supuestos hechos de lavado de dinero, enriquecimiento ilícito y declaración falsa. Entonces el exfiscal denunció una supuesta red montada por el expresidente para lavar activos provenientes presumiblemente del contrabando de cigarrillos. El exministro del Interior fue imputado en agosto del año pasado por la Fiscalía por cohecho pasivo agravado (coima), en un proceso que se abrió con posterioridad a la denuncia que realizó el mismo.
La otra causa penal en su escritorio es la Nº 7510/2021, caratulada: “Investigación fiscal s/ declaración falsa”. Esta fue abierta tras la denuncia presentada por el expresidente del Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA) Efraín Alegre contra Horacio Cartes.
La denuncia fue presentada el 7 de octubre de 2021 luego de que saliera a la luz que el exmandatario “olvidó” incluir en sus declaraciones juradas cuando asumió y dejó la presidencia, su empresa de “portafolio” Dominicana Acquisition SA, registrada en el año 2011 en Panamá.
Asimismo, la fiscala Zayas tiene a su cargo la causa penal Nº 02/2022, caratulada: “Investigación fiscal s/ s.h.p. de violación de la ley 4024/2021 y sus modificaciones”. Esta fue abierta tras la denuncia presentada por el entonces ministro de la Secretaría Nacional Anticorrupción (Senac), René Fernández, con respecto al arribo al país de un avión iraní con vínculos terroristas. Esta aeronave vino para llevar cigarrillos de Tabesa, cuyo principal accionista era Cartes.