Control a las ONGs: Senado convoca audiencia pública sobre el proyecto cartista

Artículo 3°.- Ambito de aplicación.
Las disposiciones de esta ley se aplicarán en los siguientes organismos y entidades del Estado:
a) Poder Legislativo, Poder Ejecutivo y Poder Judicial, sus reparticiones y dependencias;
b) Banca Central del Estado;
c) Gobiernos departamentales;
d) Entes autónomos y autárquicos;
e) Entidades públicas de seguridad social, empresas públicas, empresas ixtas y entidades financieras oficiales;
f) Universidades nacionales;
g) Consejo de la Magistratura;
h) Ministerio Público;
i) Justicia Electoral;
j) Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados;
k) Defensoría del Pueblo; y
l) Contraloría General de la República.
Las disposiciones de esta ley se aplicarán en forma supletoria a las municipalidades y, en materia de rendición de cuentas, a toda fundación, organismo no gubernamental, persona física o jurídica, mixta o privada que reciba o administre fondos, servicios o bienes públicos o que cuente con la garantía del Tesoro para sus operaciones de crédito.

“Artículo 3°.- Ámbito de aplicación
Las disposiciones de esta ley se aplicarán en los siguientes organismos y entidades del Estado:
Poder Legislativo, Poder Ejecutivo y Poder Judicial, sus reparticiones y dependencias;
Banca Central del Estado;
Gobiernos Departamentales
Entes autónomos y autárquicos
Entodades Públicas de seguridad social, empresas públicas, empresas mixtas y entidades financieras oficiales;
Universidades nacionales;
Consejo de la Magistratura;
Ministerio Público;
Justicia Electoral;
Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados;
Defensoría del Pueblo;
Contraloria General de la República;
Fundaciones, organismos no gubernamentales, agencias especializadas, cualquiera sea su denominación, personas físicas o jurídicas, que reciba o administre fondos, servicios o bienes públicos, sean éstos provenientes de convenios de préstamos, donaciones, asistencia técnica y/o cooperación internacional no reembolsable.
Prohíbese a los organismos y entidades del Estado a firmar acuerdos, convenios u otros documentos similares, con organismos no gubernamentales que reciban o administren fondos provenientes de organizaciones y personas del exterior, si los mismos no están incluidos previamente en el Presupuesto General de la Nación o el Presupuesto de los Gobiernos Municipales.

Artículo 40.- Crédito Público.
El crédito público se rige por las disposiciones de esta ley, su reglamentación y por las leyes que aprueban las operaciones específicas.
Se entenderá por crédito público la capacidad que tiene el Estado de captar recursos financieros para realizar inversiones productivas, para atender casos de evidente necesidad o emergencia nacional, para reestructurar su organización o para refinanciar sus pasivos, incluyendo los intereses, comisiones y gastos respectivos. Se prohíbe realizar operaciones de crédito público para financiar gastos corrientes.

Artículo 40.- Crédito Público. El crédito público se rige por las disposiciones de esta ley, su reglamentación y por las leyes que aprueban las operaciones específicas. Se entenderá por crédito público la capacidad que tiene el Estado de captar recursos financieros para realizar inversiones productivas, para atender casos de evidente necesidad o emergencia nacional, para reestructurar su organización o para refinanciar sus pasivos, incluyendo los intereses, comisiones y gastos respectivos. Se prohíbe realizar operaciones de crédito público para financiar gastos corrientes,
ni que las mismas sean administradas por fundaciones, organismos no gubernamentales y agencias especializadas, cualquiera sea su denominación, sean nacionales o extranjeras, las que deberán ser autorizadas por otra ley diferente a la operación de crédito.

Artículo 43.- Autorización para contratar. Formalización, firma y aprobación de los contratos de empréstitos.
El inicio de las gestiones para la contratación de cada operación de empréstito deberá ser autorizado por el Poder Ejecutivo.
La entidad autorizada pondrá a consideración del Poder Ejecutivo los resultados de sus gestiones y podrá sugerir los términos y condiciones del respectivo contrato de empréstito.
Si el Poder Ejecutivo considera aceptables los resultados de tales gestiones, elaborará el proyecto de contrato de empréstito y lo someterá al dictamen de la Contraloría General de la República, de acuerdo con lo que dispone el Artículo 9o., inciso q) de la Ley No. 276/94, dictamen que deberá emitirse dentro del plazo de diez días hábiles.
Transcurrido ese plazo, el Poder Ejecutivo, mediante decreto, aprobará el texto del contrato de empréstito y autorizará a suscribirlo al Ministro de Hacienda o, en su caso, al funcionario habilitado por el Decreto respectivo.
Formalizado el contrato de empréstito, el Poder Ejecutivo lo remitirá al Congreso para su consideración.
Los contratos de empréstito serán válidos y exigibles sólo en caso de ser aprobados por ley del Congreso

Artículo 43.- Autorización para contratar. Formalización, firma y aprobación de los contratos de empréstitos. El inicio de las gestiones para la contratación de cada operación de empréstito deberá ser autorizado por el Poder Ejecutivo. La entidad autorizada pondrá a consideración del Poder Ejecutivo los resultados de sus gestiones y podrá sugerir los términos y condiciones del respectivo contrato de empréstito. Si el Poder Ejecutivo considera aceptables los resultados de tales gestiones, elaborará el proyecto de contrato de empréstito y lo someterá al dictamen de la Contraloría General de la República, de acuerdo con lo que dispone el Artículo 9o., inciso q) de la Ley No. 276/94, dictamen que deberá emitirse dentro del plazo de diez días hábiles. Transcurrido ese plazo, el Poder Ejecutivo, mediante decreto, aprobará el texto del contrato de empréstito y autorizará a suscribirlo al Ministro de Hacienda o, en su caso, al funcionario habilitado por el Decreto respectivo. Formalizado el contrato de empréstito, el Poder Ejecutivo lo remitirá al Congreso para su consideración. Los contratos de empréstito serán válidos y exigibles sólo en caso de ser aprobados por ley del Congreso.
Prohíbese la inclusión en los términos y condiciones, incluidos los anexos de los contratos de empréstito, de cláusulas en donde se establezca que las mismas sean administradas por fundaciones, organismos no gubernamentales y agencias especializadas, cualquiera sea su denominación, sean nacionales o extranjeras, las que en cada caso deberán ser autorizadas por otra Ley distinta al contrato de préstamo, con el dictamen correspondiente de la Contraloría General de la República.