Impulsan reforma constitucional para una “Democracia semi-directa”, balotaje, y limitar tierras

Ciudadanos agrupados en la denominada “Escuela Cívica Militante” presentaron un proyecto de iniciativa popular para impulsar la reforma de la Constitución Nacional en decenas de artículos. Entre sus puntos proponen la “Democracia Semi Directa”, el balotaje, la destitución de autoridades y limitar tierras a extranjeros entre otros. Se puede firmar el apoyo en la web del TSJE.

Imagen del proyecto de iniciativa popular.
audima

El pedido de iniciativa popular fue oficlalizado ante el Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE) y tras los trámites de rigor fue difundido en la web iniciativapopular.tsje.gov.py. La propuesta requiere 48.321 firmas digitales para que el Congreso se vea forzado a estudiarlo.

Los impulsores se identificaron como Abundio Alejandro Gaona Britez; Elizabeth Yegros; Jorge Acosta; Juan Alberto Iriarte y Rodrigo Salomón Paredes Araujo.

En el pasado los miembros de la “Escuela Cívica Militante” plantearon una acción de inconstitucionalidad para impedir a los paraguayos radicados en el exterior el derecho al voto en las elecciones generales, la cual fue rechazada por la Corte Suprema.

Web del TSJE para las iniciativas populares.

Propuestas

“La iniciativa responde a la adopción y reglamentación de la Constitución por la Democracia Participativa. Con la unidad del pueblo, aquello se logrará aprobando la adopción de referendos vinculantes de manera que el pueblo mediante votación popular gobierne, controle, destituya y decida su gobierno mediante sufragios nacionales con la participación de los paraguayos residentes en el extranjero”, señala la descripción del proyecto.

“Las leyes del Congreso se rechazan o se aprueban con el voto nacional; Ley limitación de tierras a extranjeros y prioridad a la población campesina a la tenencia de tierras; El presidente y vice presidente deberán ser electos con más del 50% de votos emitidos o se hace una segunda vuelta”, agregaron al resumir su documento que consta de más de 50 páginas.

“Las autoridades deberán cumplir con las peticiones de conformidad con las leyes en un término máximo de 90 días. Sino serán sometidos a juicios políticos ante el tribunal constitucional. Habrá policía judicial para controlar el cumplimiento de las leyes en todos los órganos del estado”, resaltaron.

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