A pedido de la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos, diputada Roya Torres (PLRA, A), cuya comisión dictaminó por la aprobación con modificaciones del proyecto, se aprobó en general y recién en 22 días se analizará artículo por artículo el proyecto.
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El proyecto fue incluido en el orden del día de la sesión de la semana pasada, tiempo en el cual la mayoría de las comisiones e incluso el Ministerio de Justicia no pudieron emitir parecer, por lo que la postergación estaba prevista.
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El debate, además, deberá considerar la crisis penitenciaria aún latente, luego de que apenas iniciado el gobierno, estalló un grave motín en el penal de Tacumbú, donde grupos criminales como el Clan Rotela impuso condiciones al ministro Ángel Barchini, que insiste en ignorar y culpar a otros por su pobre gestión al frente de la cartera.
La relación tensa del Ministerio de Justicia no se restringe solo a la población carcelaria, sino incluso con los propios gremios de agentes penitenciarios, que mantienen medidas de protestas a fin de que se cumplan reclamos laborales. Muchos de ellos, además, se oponen a ser trasladados a ciertos penales como el de Tacumbú, alegando la falta de garantías para su seguridad.