Inicialmente la Cámara Baja tenía previsto declarar “en situación de emergencia vial” solamente al departamento Central, pero a propuesta de la comisión de Obras Públicas, presidida por el diputado Benjamín Cantero (ANR, “Independiente”), se acordó abarcar discrecionalmente a los 17 departamentos del país por 90 días. Pasó al Senado para su segundo trámite.
Esta declaración si bien no otorga fondos a las gobernaciones, sí faculta al Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) a “gestionar los recursos necesarios para la rehabilitación de los tramos afectados” por la “inclemencia del tiempo, en coordinación con los Gobiernos departamentales y municipales del país”.
El aspecto preocupante de esta clase de leyes es que “flexibiliza” los controles de transparencia sobre uso de fondos públicos, ya que habilita al Ejecutivo “a realizar contrataciones directas de obras públicas o servicios con proveedores, contratistas, durante el periodo de emergencia vial”.
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Aunque diputados como Jazmín Narváez y Néstor Castellano (ambos de ANR, HC) aprovecharon la ocasión para intentar justificar la cuestionada gestión de su correligionario Rosa Agustín “Guido” González, intendente de Lambaré, ciudad donde dos personas murieron debido a raudales y la falta de infraestructura vial, otros sí fueron críticos.
“El compañero, el intendente municipal de Lambaré Guido González, un amigo, un compañero municipalista intendente reelecto ha sido de alguna u otra manera cruelmente vilipendiado por muchos sectores, y es imposible que un intendente municipal con los exiguos recursos que maneja (...), pueda dar respuesta a la infraestructura requerida”, alegó Castellano.
Varios diputados como Rocío Vallejo (Patria Querida), Enrique Antonio Buzarquis (PLRA, C) y Roberto González (ANR, Fuerza Republicana) advirtieron que tanto por los plazos como por lo amplio de la ley, esta será de aplicación imposible.
“¿Qué se puede hacer en tres meses? Es una mentira, esto da para que nosotros podamos discursear, filmar y llevar nuestros videítos a nuestros distritos y departamentos”, cuestionó González.
No obstante, dijo que acompañaría el proyecto pero “a sabiendas que no va a pasar absolutamente nada y ojalá el día de mañana podamos convocarle a la ministra y preguntarle qué ha hecho”.
Emergencia en el Chaco por sequía
Igualmente ayer, se sancionó y remitió al Ejecutivo para su promulgación o veto el proyecto de ley que declara emergencia nacional en los departamentos chaqueños Alto Paraguay, Boquerón y Presidente Hayes, donde la necesidad y agobio por la sequía es innegable, pero lo que está en duda hasta ahora es la eficiencia del Gobierno para afrontar esta crisis.
El proyecto en cuestión faculta a la Secretaría de Emergencia Nacional (SEN) a adoptar “todas las medidas conducentes para cooperar con las comunidades indígenas, pobladores y productores de los departamentos que están en situación crítica” y brindar “asistencia técnica y crediticia oportuna; como asimismo, deberán imprimirse medidas urgentes de carácter sanitario y de asistencia social”.
En este caso, varios diputados, como Derlis Rodríguez (ANR, HC), Rubén Rousillón y Francisco Petersen (ambos de ANR, oficialistas) y el opositor Miguel Martínez (ex Cruzada Nacional) criticaron la falta de operatividad del acueducto del Chaco y expresaron sus sospechas por presunta corrupción relacionada a esa fallida obra.
Aunque realmente existen serias dudas sobre dichas obras, los colorados trataron de ignorar que la misma fue desarrollada durante los gobiernos de sus correligionarios Horacio Cartes y Mario Abdo Benítez.
Rodríguez, por ejemplo, alegó que dicho caso es muestra de que “la corrupción mata gente” y que “son varios gobiernos que están metidas en una tragada de dinero que ni siquiera ha sido denunciada”.
Inundaciones en Ñeembucú
Finalmente, con menos debate, también se dio media sanción a la declaración de emergencia en Ñeembucú, donde el diputado Diosnel Aguilera (PLRA, C) enfatizó que sufren la consecuencia de lluvia acumulada, granizada y crecida.