Viviendas de algunos de los “ocupantes vip” de la fracción de la finca 916, ubicada a orillas del río Paraguay, en el distrito de Villa Hayes, fueron ayer desmanteladas. Se trata de las casas que habían sido construidas en el predio del Ministerio del Defensa Nacional (MDN) sin autorización alguna.
El procurador general de la República, Marco Aurelio González, señaló que de acuerdo a las imágenes difundidas por redes sociales las edificaciones desmanteladas estaban en parcelas, cuyas personas entregaron la posesión “y se comprometieron justamente a desmantelar todo lo edificado”, señaló.
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Dijo que varios de los que ya devolvieron la tierra al Estado pidieron tiempo hasta este sábado para proceder al derrumbe y suscribir el acta correspondiente, “es eso lo que están haciendo”, precisó.
No obstante, el funcionario aclaró que si se tratasen de otros ocupantes y otras parcelas se va a verificar la situación. Vamos a revisar caso por caso, comentó.
González explicó que judicialmente se le está reclamando a los que aún no entregaron la propiedad para que a corto plazo procedan a la demolición de todo lo edificado. Y extrajudicialmente es lo que también acordamos, precisó.
Por otro lado, el procurador señaló que otros ocupantes dieron señales para la entrega voluntaria de los lotes ocupados en la fracción de la finca 916. Sin embargo, con la situación judicial que están adoptando los expedientes desisten. “No tenemos hasta el momento mayores ofertas de entrega voluntaria (...) Nosotros les invitamos (a los ocupantes) siempre a que así lo hagan (la entrega voluntaria)”, expresó.
La fracción de la finca 916 estuvo en el centro del escándalo luego de que saltara un proyecto de ley, impulsado por el ahora senador Basilio “Bachi” Núñez y el exdiputado Edwin Reimer.
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Ambos del sector cartista, pidieron la desafectación de la tierra del Estado a favor de “agricultores”. Estos, sin embargo, no existían y los beneficiados en su mayoría iban a ser “ocupantes vip”, con imponentes construcciones a orillas del río Paraguay.
Embargo de G. 1.800 millones
La jueza Claudia Domínguez de Barrios decretó el 1 de noviembre pasado el embargo de los bienes de los “ocupantes vip” de Remansito (Villa Hayes). La medida es por un monto global de G. 1.800 millones, que se destinaría a la demolición de todo lo edificado sin la autorización del Ministerio de Defensa Nacional. La resolución fue en el marco del juicio “Procuraduría General de la República y otros c/ Daniel Iván Gómez Rambado y otros s/ reivindicación. La magistrada también dispuso la prohibición de innovar sobre la finca 916, salvo aquellas actividades ejecutadas por las FF.AA., propietaria de las tierras.