Como primer punto del orden del día de la sesión de hoy de la Cámara de Diputados figura para su tratamiento en tercera vuelta, el proyecto de modificación de la Ley Nº 7089/2023, “que establece el régimen de prevención, corrección y sanción de conflictos de intereses en la función pública”, donde los diputados deberán ratificarse en su versión, que es el mal menor, o la versión Senado, que es una sentencia de muerte para la ley vigente.
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En primera vuelta, la Cámara de Diputados aprobó un proyecto de ley de modificación de la ley contra conflicto de intereses o también conocida como contra “Puertas giratorias”, pero eliminando solo una parte de los artículos 3º inciso G y 20 inciso D, limitando a cónyuge, conviviente o concubino e hijos mayores de edad la obligación de declarar vínculos, a fin de determinar posibles casos de conflicto de interés.
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Con esto se deja fuera de la obligación de incluir en sus declaraciones juradas de intereses a padres, hermanos, cuñados, primos, etcétera.
Sin embargo, en el segundo trámite en Senado es donde se mutiló y dieron sentencia de muerte a la ley, ya que de sancionarse y quedar promulgada la versión de la Cámara Alta, no solo habilitaría a posibles negociados a través de los familiares y allegados, sino también la impunidad en caso de pillados.
Por ejemplo, en el caso de que no presentaran sus declaraciones juradas de intereses, omitieran datos e indicaran datos falsos, se les da plazo para corregir y si aun así no corrigen, la pena máxima es el pago de una multa, pretendiéndose eliminar la restricción de que ocupen cargos públicos por hasta 5 años.
Incluso, en el caso de que incurran en algún tipo de violación de la ley de conflicto de interés, ahora corren riesgo de perder la investidura en el caso de los legisladores y que sean enjuiciados políticamente si se trata de autoridades del Ejecutivo o el Poder Judicial. La versión Senado también elimina la mención taxativa de estas sanciones, dejando a criterio de los propios afectados.
A diferencia de Diputados, que al menos mantuvo al núcleo familiar directo entre los afectados por la ley, Senado cortó de raíz y eliminó la mención en la ley de todos los familiares, a fin de que queden ocultos y se dificulte saber si alguna autoridad estatal los favoreció con alguna decisión o licitación.
Además, se derogan todos los capítulos relacionados a casos de “puertas giratorias”, que es como se conoce a altos funcionarios estatales que, tras egresar de la Función Pública, son contratados o designados accionistas en empresas privadas del mismo rubro en el que se desempeñaron al servicio del Estado.
El ejemplo más elocuente (entre varios) es el del actual titular de Petropar, Eddie Jara, que tras dejar dicho cargo al final del gobierno de Horacio Cartes, fue contratado como gerente de Enex, cuando esta gasolinera aún era parte del extinto grupo Cartes.
Para estos, la ley actualmente establece una restricción de ser contratados en empresas del mismo rubro por el plazo de un año, lo cual con las reformas propuestas por Senado, se liberará al derogar los artículos 24, 25, 26 y 38.
Ayer, la comisión de Asuntos Constitucionales dictaminó por la ratificación de la versión Diputados.
“En el caso del Senado para utilizar un término más sencillo, ‘peluqueó lo máximo’ y prácticamente dejó sin efecto la ley, en cambio Diputados se deja en vigencia algún grado de parentesco”, argumentó el presidente de Constitucionales, Roberto González (ANR, FR).
Pondrán a prueba un viejo mote
La Cámara de Diputados, que durante sucesivos periodos viene acuñando el mote de “Cámara de la Vergüenza”, una vez más pondrá a prueba este deshonroso título con la votación de la modificación de la Ley contra conflicto de intereses.
Se requiere mayoría absoluta, es decir, 41 votos para ratificarse en la versión Diputados y volver a dejar en la cancha del Senado estas cuestionadas reformas.
En el caso de que no se logre la ratificación se sancionará la versión del Senado y quedará en manos de Santiago Peña el veto o la promulgación.