Diputados podría sentenciar a muerte la ley de conflicto de interés

El proyecto de modificación de la Ley que castiga el conflicto de interés en la función pública fue incluido como primer punto del orden del día de la sesión ordinaria de mañana de los diputados. Si la Cámara Baja no se ratifica en su versión sellaría la “muerte” de la ley contra “puertas giratorias”.

Ayer se acordó tratar mañana 13 puntos. Se requiere de 41 votos para ratificarse sobre “puertas giratorias.Gentileza
audima

El proyecto de ley “que modifica varios artículos de la Ley Nº 7089/2023 ‘que establece el régimen de prevención, corrección y sanción de conflictos de intereses en la Función Pública’, y deroga los artículos 24, 25, 26 y 38″, será tratado mañana en el tercer trámite previsto en Cámara de Diputados, que si no se ratifica sancionará la versión del Senado, que hace unas semanas introdujo reformas para aniquilar la ley vigente.

Inicialmente la Cámara de Diputados planteó una modificación de la ley, eliminando la obligación de declarar posibles vínculos de conflictos de interés con familiares, como padres, hermanos, cuñados, etcétera, pero dejando a la pareja e hijos mayores de edad. En síntesis, fueron modificados solo dos artículos.

Aunque esa reforma ya era cuestionable, ni cerca está del adefesio aprobado en Senadores, que en resumidas cuentas pretende garantizar la impunidad ante casos de “conflicto de interés” y dejar una ley inútil.

Una mayoría en la Cámara Alta eliminó de raíz toda obligación de declarar vínculos familiares que potencialmente puedan estar vinculados a negociados.

Pretende eliminar además todo el capítulo que establecía restricciones a casos de “puertas giratorias”, que es como se conoce a altos funcionarios estatales que al salir de la plantilla pública son contratados por empresas del mismo rubro, pudiendo aprovechar información privilegiada.

Además, pretenden garantizar impunidad cuando haya incumplimiento de la ley, ya que en el caso de que omitan datos o falseen sus declaraciones juradas, la Contraloría deberá demostrar que hubo “conducta dolosa” o que el funcionario actuó de “mala fe”.

Asimismo, eliminan los castigos para los infractores, que según la ley actual, incluye una prohibición de ocupar cargos públicos por hasta 5 años en caso de incumplimiento.

La ley actual también contempla taxativamente como castigo a legisladores la posibilidad de la pérdida de investidura, lo cual ahora con la versión del Senado pretenden eliminar y dejar a criterio de cada cámara la sanción a aplicar a sus pares.

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