Diputados piden vetar otro “negociado” con tierras

El pleno de la Cámara de Diputados, al no tener ya posibilidad de rechazo, optó por la abstención unánime como forma de pedir el veto del Ejecutivo para un proyecto de expropiación en Ciudad del Este, que es considerado un claro intento de negociado que costaría al Estado casi US$ 50 millones.

Imagen satelital de la propiedad que se pretende expropiar por cuarta vez, pese a contar con litigio judicial por la titularidad.
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La diputada Johanna Ortega (Partido País Solidario) advirtió que el proyecto de expropiación de unas 2,4 hectáreas de una propiedad (Finca Nº 19.874) ubicada en el Km. 4 Acaray, barrio Pablo Rojas de Ciudad del Este, era muy parecido al reciente caso sonado de los “ocupantes vip” en Villa Hayes.

Según detalló Ortega, el planteamiento, presentado en el periodo anterior por la entonces diputada Blanca Vargas de Caballero (ANR, HC), adolecía de graves irregularidades, pero al estar en su tercer trámite legislativo ya no podía ser rechazado, sino simplemente optar por la versión Senado o Diputados.

Entre las graves deficiencias detectadas se menciona que el predio se encuentra bajo litigio judicial para determinar la titularidad.

También, por su ubicación, tendría un elevadísimo costo, lo que de quedar promulgada la ley obligaría al Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Hábitat (MUVH) a pagar cerca de US$ 24 millones por la parte solicitada, pero quedaría un remanente que al ser inutilizable por no tener vías de acceso obligaría a expropiarse completamente, rondando los US$ 50 millones el monto a ser desembolsado por el Estado.

Diputados solicitan el veto a la expropiación de la Finca Nº 19.874 ubicada en el barrio Pablo Rojas de Ciudad del Este. La propiedad en total tiene más de cinco hectáreas, pero lo que se pide desafectar es una superficie de 2,4 has. y ya se intentó cargar al Estado en tres ocasiones distintas.

Al igual que el senador Basilio “Bachi” Núñez (ANR, HC) con el caso “ocupantes vip”, la exdiputada Vargas también alegó que los beneficiarios requerían la propiedad para “cultivo o cría de ganado para sustento”, pero se detectó que hay varios funcionarios públicos y comercios instalados en el sitio.

Otro dato no menor que mencionó la diputada Ortega es que es la cuarta vez que se intenta expropiar el mismo terreno, siendo la última vez en 2019, donde el argumento del veto del Ejecutivo fue lapidario al mencionar que no estaban dadas las condiciones financieras ni legales para dar curso al pedido.

Veto del Ejecutivo a la misma propuesta en 2019.

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