La Cámara de Diputados aprobó con modificaciones, según dictamen de la Comisión de Asuntos Económicos y Financieros, el proyecto de ley “por el cual se establecen medidas extraordinarias de gestión para las finanzas públicas”, testando (eliminando) el artículo 4º del proyecto del Senado, que afectaba fondos de municipios y gobernaciones y parte del artículo 8º, “por redundante”, que hablaba de investigar y castigar penalmente a los responsables de la deuda que se cubrirá con los nuevos bonos.
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El proyecto de Diputados, al eliminar el artículo 4º, blinda los fondos de sus feudos electorales, ya que el Ejecutivo pretendía utilizar el dinero no desembolsado a municipios y gobernaciones por falta de rendición de cuentas, de royalties y compensaciones provenientes de Itaipú y Yacyretá y del Fondo Nacional de Inversión Pública y Desarrollo (Fonacide). Si el Senado acepta la decisión de la Cámara Baja, tampoco se tocará lo recaudado en concepto de cánones por las concesiones otorgadas para la explotación de las diversas modalidades de juegos de azar, dinero que en total se estima sería de unos US$ 30 millones.
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Otra reforma sustancial introducida en Cámara Baja es la eliminación de parte del artículo 8º, que taxativamente indicaba que el dinero de los préstamos para el pago de la deuda de US$ 600 millones, se realizará “sin perjuicio de las responsabilidades civiles, penales y administrativas que correspondieren en cuanto a la mala utilización y gestión de los recursos públicos ocurridas en los ejercicios fiscales anteriores”.
El presidente de la Comisión de Asuntos Económicos y Financieros, Hugo Meza (ANR, Fuerza Republicana), argumentó que en dicho agregado del artículo 8º hay “redundancia y hasta malicia”, ya que la Ley Nº 1535/99 de Administración Financiera del Estado, ya establece que todo funcionarios público que sea ordenador de gastos es responsable penalmente por el uso de dinero público.
Advierten inconstitucionalidad y avance dictatorial
Independientemente a estas reformas, se mantiene la parte de la ley que es cuestionada por su presunta “inconstitucionalidad”, ya que cede al Ejecutivo atribuciones exclusivas del Congreso, sobre todo las referentes a realizar reprogramaciones presupuestarias y aprobar créditos y emisión de bonos.
“Estamos abriendo una puerta bastante peligrosa en donde en nombre de la ‘emergencia’, cedemos atribuciones del Congreso y ponemos en riesgo el equilibrio de poderes”, advirtió el diputado Raúl Benítez (Partido Encuentro Nacional), a la vez de reprochar duramente al ministro de Economía, Carlos Fernández Valdovinos, por siquiera dar la cara ante los Diputados para responder las dudas.
“Se le va a otorgar superpoderes a él (Fernández Valdovinos) y no apareció ni en la audiencia pública ni en la comisión de Cuentas y Control”, reprochó Benítez y enfatizó en que “está faltando el respeto en dos ocasiones y a pocos meses de haber asumido”.
En el mismo sentido, el diputado Diosnel Aguilera (PLRA) también se sumó a la advertencia de la eventual inconstitucionalidad, ya que estarían cediendo la atribución del Congreso de aprobar créditos y reprogramaciones presupuestarias, violentando presuntamente lo establecido en el artículo 3º de la Carta Magna.
Dicho artículo establece que “el gobierno es ejercido por los poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial en un sistema de independencia, equilibrio, coordinación y recíproco control. Ninguno de estos poderes puede atribuirse, ni otorgar a otro ni a persona alguna, individual o colectiva, facultades extraordinarias o la suma del Poder Público”.
Otro que enfáticamente expresó su oposición fue el diputado Guillermo Rodríguez (Yo Creo), que además de expresar su preocupación por el “calesiteo que se está dando con nuestra finanzas públicas”, enfatizó en el riesgo de una avance hacia una “dictadura solapada”.
“Para eso tenemos una Constitución que nos ampara y este proyecto tiene muchas inconsistencias que nos da una pauta de que es inconstitucional”, alertó, a la vez de considerar que al pisotear estos principios constitucionales, vamos “caminando lenta y sistemáticamente a una dictadura solapada”.
“A mi de adorno y de florero no me van a tener”, refirió por su parte, la diputada Johanna Ortega (Partido País Solidario), recriminando y alertando a sus colegas que, si siguen así, pronto los legisladores serán solo “adornos”, teniendo en cuenta que su rol fundamental, además de legislar, es controlar al Ejecutivo.