Ayer, la Comisión de Presupuesto de Diputados emitió tres dictámenes, ninguno de ellos muy favorables, sobre el proyecto de ley “por el cual se establecen medidas extraordinarias de gestión para las finanzas públicas”.
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Además de críticas por su posible inconstitucionalidad, el proyecto despierta rechazo incluso de colorados, por amenazar los fondos de las Municipalidades y Gobernaciones, varios de ellos feudos suyos.
“Se emitió un dictamen con modificaciones, testando el artículo 4º que justamente hablaba que los fondos que iban a ir a las Municipalidades y Gobernaciones pasaban al Tesoro Nacional; eso se testa (elimina). Otro dictamen es por el rechazo total y una tercera posición por la postergación”, indicó el presidente interino de la comisión de Presupuesto, Daniel Centurión (ANR, FR).
Igualmente, la comisión de Asuntos Municipales, presidida por el cartista Esteban Samaniego, dictaminó a favor con modificaciones, puntualmente la de testar este artículo 4º, que establece que el Ejecutivo podrá disponer directamente de fondos de royalties y Fonacide no desembolsados a municipalidades y gobernaciones (salvo Asunción y Mariscal Estigarribia), que no hayan rendido en forma.
“Tampoco se pueden tener municipios de primera y de segunda categoría. No puede ser que dos municipios que accionaron mediante una Acción de Inconstitucionalidad tengan la posibilidad de que a ellos se les dé sin más trámite los recursos desde 2017. Eso sería premiar a la irresponsabilidad de los intendentes”, criticó el diputado Hugo Meza (ANR, FR).
Otro cuestionamiento es que el Ejecutivo es parte interesada, porque las rendiciones pasan por la Auditoría General del Gobierno. Meza dijo temer que el artículo 4º sea utilizado como “garrote” contra intendentes no afines al gobierno.
“No puede ser el Ejecutivo juez y parte. Eso significa que aquel intendente o gobernador que no es afín al gobierno es castigado, por cualquier coma. Le pueden decir ‘vos no vas a recibir los recursos y eso va al Tesoro’”, alertó el diputado de Fuerza Republicana.
Se mantendrían los “superpoderes”
En el caso de que se promulgue la ley tal como está, no solo el artículo 4º es el cuestionado, sino en general plantea ceder al Ejecutivo atribuciones constitucionales que no posee y que son propias del Congreso, es decir, “superpoderes” como administrar y readecuar el presupuesto por decreto, sin pasar por el Congreso.
En tal sentido, se advierte de la posible inconstitucionalidad, ya que el Congreso fungiría de “pasa-papeles” al ceder al Ejecutivo su atribución constitucional de autorizar empréstitos y reprogramaciones presupuestarias, lo cual está establecido taxativamente entre sus “deberes y atribuciones” en el artículo 202 de la Constitución Nacional.
La premura para que se sancione el proyecto es que los US$ 600 millones pretenden ser usados antes del final de este año, para abonar deudas por G. 2,8 billones a proveedoras del Ministerio de Salud y G. 2,4 billones de Obras Públicas.