Diputados irían el jueves a verificar presunta “tragada” de Rivas padre

Diputados que integran una comisión especial viajarían el jueves al distrito de Tomás Romero Pereira para verificar las denuncias hechas contra el intendente Ysidro Rivas, padre del polémico senador David Rivas (ANR - HC).

El intendente de Tomas Romero Pereira, Hernán Ysidro Rivas (ANR, HC), denunciado por 9 de 12 concejales. Es padre del polémico senador Hernán David Rivas. (Foto: Gentileza)
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La Cámara de Diputados debate desde hace meses el pedido de intervención contra la gestión del intendente de Tomás Romero Pereira (Itapúa), Hernán Ysidro Rivas (ANR, HC). La dilación fue atribuida a la injerencia de su hijo, el exdiputado y actual senador Hernán David Rivas (ANR, HC).

En este contexto, el diputado Édgar Olmedo (ANR, FR), titular de la comisión parlamentaria que analiza las denuncias de corrupción, dijo ayer que los miembros del órgano de investigación se constituirían este jueves en el citado distrito.

Indicó que el objetivo de la visita es la revisión de las denuncias de los concejales sobre obras fantasmas y daño patrimonial así como el descargo que el jefe municipal dio a los legisladores.

El senador cartista Hernán David Rivas; el presidente del Partido Colorado, Horacio Cartes; y el intendente de Tomás Romero Pereira, Hernán Ysidro Rivas (ANR, HC).

Reunión de la comisión el lunes 30

Posteriormente, la comisión se reuniría el lunes 30 de octubre a fin de emitir su dictamen ya sea a favor, en contra o “dividido”, es decir uno con votos en mayoría y otro en minoría, finalizó.

Con las conclusiones, el pedido de intervención podría ser tratado en la primera sesión de noviembre.

Nueve de 12 concejales de la ciudad acusan a Rivas de un presunto daño patrimonial de al menos G. 2.000 millones y denuncian que hasta las maquinarias varadas en el taller “consumen” combustible a discreción.

Los ediles también lamentaron el nulo avance de la denuncia penal ante el Ministerio Público que presentaron contra él por supuesta lesión de confianza, asociación criminal y estafa.

Esto fue por adjudicar obras a una empresa por G. 1.333 millones que finalmente habrían sido ejecutadas con personas y maquinarias de la municipalidad y el MOPC.

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