El proyectista, diputado Pedro Gómez (PLRA, PL), fue convocado el martes 24 por las comisiones de Obras, Servicios Públicos y Comunicaciones y la de Justicia, Trabajo y Previsión Social, para seguir debatiendo y afinando un plan de regulación a las plataformas de movilidad (Uber, Bolt, Muv y otras) y las dedicadas al reparto domiciliario (deliverys).
Luego de una primera audiencia pública, realizada el pasado 28 de septiembre, ahora el debate se traslada a las mencionadas comisiones, que, según dijo Gómez, tiene algunas dudas y también podrían sugerir modificaciones que buscarán consensuarse con los proyectistas.
El diputado, que presentó la iniciativa, comentó que, previamente, este lunes 23 también tiene agendada una visita a las oficinas de la empresa Bolt, a fin de conocer mejor su esquema de trabajo y escuchar algunas sugerencias. De todos modos, además de eventualmente buscar dictaminar ya en comisiones, Gómez dijo que antes de someter el proyecto a consideración del pleno, volverán a convocar a una mesa de trabajo.
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Una compleja problemática en plataformas
Durante la primera audiencia pública sobre el proyecto de ley “que regula el trabajo en empresas de plataformas digitales de movilidad y reparto a domicilio” se desplegó una compleja problemática que abarca desde la cuestión de seguridad (para usuarios y trabajadores), tipo de vinculación laboral según cada plataforma e igualdad de competencia y condiciones entre empresas nacionales e internacionales.
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Por ejemplo, los trabajadores de servicios de “deliverys” plantean que la ley contemple la obligación de ser reconocidos como trabajadores formales de las plataformas, a fin de aportar a la seguridad social y que las empresas se hagan cargo en casos de accidentes.
Por su parte, los dedicados al transporte de personas se oponen a un vínculo laboral formal, ya que todos son multiplataformas, es decir trabajan para varias a la vez, y ligarlos formalmente a una empresa no les es rentable.
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Otro punto de divergencia importante es el que existe entre plataformas nacionales y las internacionales.
En este caso, las empresas locales denuncian una competencia “desleal” en comparación con las extranjeras, ya que ellas, al estar asentadas en el país, se les aplica una mayor presión tributaria, y, por ende, sus costos son mayores.
En cambio, el porcentaje que cobran las plataformas internacionales no son facturadas a nivel local, debiendo en todo caso el conductor hacerse cargo de los tributos.
Sobre este punto, en la pasada audiencia no asistió ningún representante de la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios, para aportar su parecer.
Finalmente, otro tema sensible es la seguridad relacionada a los constantes asaltos, donde los conductores exigen que también los pasajeros acrediten con documentación real su identidad ante las plataformas.