El presidente de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), ministro César Diesel concurrió esta semana a la Cámara de Diputados para abogar por más presupuesto para su institución y comentó que evidentemente también miran con atención la crisis penitenciaria, donde consideró que la solución es más compleja que solo el tema de las tobilleras electrónicas, que son requeridas afanosamente desde el Ejecutivo.
“Eso está destinado a cierto tipo de penas y sanciones, entonces no sé si va a ser la solución definitiva, pero siempre colabora para evitar enviar innecesariamente a las cárceles a las personas procesadas”, afirmó respecto al tema de las tobilleras electrónicas.
Mientras siguen sin recuperar el control del Penal de Tacumbú, dos veces en poco más de una semana, los ministros del Interior, Enrique Riera y de Justicia, Ángel Barchini se reunieron en dos ocasiones con la mesa directiva de Diputados, insistiendo en que se apure una reforma a la ley de tobilleras, como si fuera la panacea para descomprimir las cárceles del país.
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De hecho, ni los ministros del Ejecutivo, ni Diesel asumen del todo su cuota de responsabilidad institucional, ya que en lo que refiere a la mora judicial, el titular de la Corte trató de compartir la “culpa”.
“Lo que pasa es que hay que saber que el Poder Judicial es el que resuelve los casos, pero las presentaciones las realizan otras instituciones de manera que realmente hay un grupo de instituciones que se ven afectados por la ejecuciones de las leyes penales, de modo que no todo pasa por el Poder Judicial”, alegó Diesel.
Que imputados paguen por las tobilleras electrónicas
Los ministros Riera y Barchini insistentemente pretenden que se cambie la Ley actual de tobilleras, para hacer que los procesados paguen por el beneficio de las tobilleras, algo que no está contemplado en la ley vigente. Esta refiere actualmente que el Estado se hará cargo de costear los equipos y el servicio de monitoreo.
Según expresaron desde el Ejecutivo, la intención es implementar el uso de tobilleras electrónicas como “Plan Piloto” antes de fin de año, arrancando con 100 dispositivos inicialmente.
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Este precisamente es uno de los puntos cuestionados por diputados como Derlis Rodríguez (ANR, HC), que presentó un proyecto alternativo de modificación de la misma ley. El legislador sostiene que una vez que la ley esté vigente, no se puede aplicar solo a unos y no a otros, como se plantea como plan piloto. Ratificó además que el Estado deben financiar el servicio.