Por dos días consecutivos, en la tarde del miércoles y ayer a la mañana, Alliana y Latorre se reunieron en la sede de la Vicepresidencia de la República donde, entre otros temas, hablaron de la intención de que el miércoles 25, en sesión ordinaria de la Cámara de Diputados, se sancione y remita al Poder Ejecutivo el proyecto de Ley “por el cual se establecen medidas extraordinarias de gestión para las finanzas públicas”.
“Nosotros la semana que viene vamos a estar tratando lo que tiene que ver con la Ley de los US$ 600 millones en condición de préstamos, entendiendo que va a ser estratégico para el gobierno nacional”, dijo Latorre sobre lo conversado con Alliana que, en su carácter de vicepresidente de la República es nexo entre el Ejecutivo y el Legislativo.
Aunque aún no tiene dictamen (posiblemente se emitan el martes 24) y en una mesa de trabajo de varias comisiones realizada el pasado martes 17 se emitieron varias críticas al proyecto, Latorre ya adelantó que la iniciativa con media sanción del Senado sería incluida en el orden del día de la próxima semana.
“Existen deudas que fueron contraídas y las deudas deben ser honradas por el Ejecutivo. Finalmente, está ley va a permitir la disminución de los intereses que hoy se están generando en término del retraso de la deuda y también poder estabilizar a esos proveedores del Estado y esos empleos”, acotó, justificando el apuro.
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De hecho, ninguno de los diputados que participaron de la mesa de trabajo con representantes de los ministerios de Economía, de Obras Públicas y Comunicaciones y Salud Pública y Bienestar Social cuestionaron el cumplimiento de las obligaciones del Estado, pero alertaron sobre aspectos potencialmente inconstitucionales de esta iniciativa.
Aprobación de créditos y bonos por decreto del presidente
En este sentido, el proyecto de ley plantea delegar las funciones de rango constitucional del Congreso, como es la de aprobar créditos o bonos. En el proyecto de ley se pretende facultar al Ejecutivo a realizarlo por decreto, lo que constituiría un “superpoder”.
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Otro aspecto cuestionado es el que refiere a dar potestad al Ejecutivo de disponer del rubro Fonacide y Royalties no desembolsados a municipalidades y gobernaciones por falta de rendición de cuentas, ya que es juez y parte.
Los US$ 600 millones son para el pago de deudas a empresas constructoras de obras públicas y a farmacéuticas.