El jefe de Estado, Santiago Peña, firmó el Decreto Nº 540, con fecha 17 de octubre, por el cual nombra a Humberto Peralta Beafort, como director titular de la Administración Nacional de Navegación y Puertos (ANNP) en representación del Ministerio de Economía y Finanzas.
Peralta asume el cargo en sustitución del seccionalero Alfredo Atilano Bogado Giménez. El nuevo director titular de Puertos se desempeñó como ministro de la Función Pública durante el gobierno de Horacio Cartes (2013-2018).
En marzo de este año el entonces presidente Mario Abdo Benítez nombró a Bogado Giménez, director titular de Puertos. Se trata del extitular de la seccional 13 de Capital, que ocupó el cargo de asesor en Diputados en 2015. El actual titular de Puertos es Julio César Vera Cáceres, exembajador en Argentina y Bolivia en el gobierno de Cartes.
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En mayo del 2016, Peralta fue interpelado por los diputados y admitió el error de haber instado a jubilarse a los legisladores mayores de 65 años y pidió disculpas a cada uno de ellos, un hecho que fue muy criticado en su momento.
Algunos opositores como la entonces diputada liberal María Carísimo lo criticaron con mucha vehemencia y hasta lo trataron de “burro”. Incluso le instaron a renunciar.
El exministro contraatacó con una denuncia contra legisladores de la Comisión Bicameral de Presupuesto ante la Fiscalía. Finalmente, la Cámara de Diputados aprobó el voto de censura para Humberto Peralta, con lo que recomendaron al entonces presidente Cartes su remoción. Sin embargo, el entonces ministro se mantuvo en el cargo.
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Humberto Peralta, pro enmienda constitucional “mau”
Asimismo, Humberto Peralta y los entonces ministros de Salud Pública, Antonio Barrios; y de Acción Social (SAS), Héctor Ramón Cárdenas, respondieron a la Comisión Permanente del Congreso que no obligaron a sus funcionarios a firmar las planillas a favor de la enmienda para incluir en la Constitución Nacional la figura de la reelección presidencial.
Los titulares de las mencionadas carteras del Estado dijeron desconocer que la recolección de firmas pro-reelección haya sido de carácter obligatorio para sus funcionarios. Asimismo, alegaron “desconocimiento” de que la campaña de firmas se haya dado en sus instituciones.