Más interés en tobilleras electrónicas que en resolver crisis en las cárceles

Por segunda vez en 9 días, los ministros del Interior, Enrique Riera, y de Justicia, Ángel Barchini, fueron a la Cámara de Diputados para apurar reformas a la ley sobre “tobilleras electrónicas”, a la cual le dan más importancia que a la crisis que hay en las penitenciarías.

Ayer, por segunda vez en 9 días, los ministros Enrique Riera y Ángel Barchini se reunieron con la mesa directiva de Diputados.Gentileza
audima

El martes 10 de este mes y de nuevo ayer, los ministros Enrique Riera y Ángel Barchini se reunieron con miembros de la mesa directiva y líderes de bancada de la Cámara de Diputados, con el fin de intentar una vez más apurar la modificación de la ley “que establece la implementación de los dispositivos electrónicos de control”, conocidos como tobilleras electrónicas, que aunque figuraba ayer en el orden del día no fue analizado el proyecto.

Recién el lunes el Poder Ejecutivo presentó un texto propio al respecto y por el escaso tiempo ni siquiera pudo ser buscado un consenso con otra iniciativa similar ya planteada previamente.

Al ser consultado si ya se tiene controlada la crisis en la Penitenciaría de Tacumbú, el ministro Barchini respondió: “Estamos en eso, recibiendo información de inteligencia, estamos mejorando la presencia cada vez más del Estado y vamos por todo”.

Penitenciaría Nacional de Tacumbú. EFE/ Christian Alvarenga

Siguen sin ubicar armas en cárcel de Tacumbú

Reconoció que siguen sin ubicar todas la armas que fueron hurtadas de los guardiacárceles en el motín de hace una semana y que sigue activo el Comité de Crisis.

(Se recuperaron el) 90% (de las armas), hay algunas que están por ahí perdidas, pero estamos ya con el servicio de inteligencia procurando e informarnos para saber dónde están”, refirió.

Y Riera dijo que hablaron con los diputados sobre “las circunstancias en las penitenciarías, la Ley de las tobilleras y la Ley de la Policía Nacional”, entre otros.

Insisten en modificar la ley de tobilleras, ya que buscan que los procesados paguen por el servicio.

“Así como está la ley, cada dispositivo tiene que pagar el Estado; en la versión del Ejecutivo se le da la potestad al juez para que evalúe la situación de solvencia del afectado y si corresponde que pague”.

El diputado Derlis Rodríguez (ANR, HC) incluso siendo oficialista advirtió que dicho cambio podría ser inconstitucional y que requiere debate profundo.

Lo
más leído
del día