El proyecto de ley de Basilio “Bachi” Núñez, que indemniza con G. 51 millones a cada estibador marítimo, ya cuenta con media sanción de Diputados y existe el peligro que el cartismo y sus aliados concreten el golpe a las arcas públicas y repitan la misma estrategia que utilizaron para lograr la sanción automática del proyecto de despojo de las tierras del Ministerio de Defensa en Remansito.
La comisión de Hacienda y Presupuesto del Senado debía reunirse en la fecha para dictaminar el proyecto de ley que la semana pasada fue postergada por pedido del proyectista, Basilio “Bachi” Núñez (ANR, HC).
El pleno del Senado resolvió adelantar la sesión ordinaria para hoy a las 9:00, por pedido del senador Líder Amarilla (PLRA), quien argumentó que los liberales querían conmemorar la gesta revolucionaria de 1891.
Si el Senado no trata en la fecha, mañana tendrá sanción automática y será remitida al Ejecutivo para su veto o promulgación.
Procuraduría alerta sobre proyecto de Bachi Núñez
La Procuraduría alertó a los senadores sobre las consecuencias del proyecto de ley y el daño que ocasionaría a las arcas públicas. Detallaron que hallaron un análisis de la cuantificación de las personas que serían beneficiadas con la compensación que se proyecta, y que, a raíz de eso, hay una difícil cuantificación.
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“Si bien está topeado el monto de la indemnización que se proyecta, no se prevé la cantidad y eso hace que sea difícil cuantificar. No obstante, el proyecto no dice cómo se va a fondear. Sin esos elementos, a nosotros se nos hace difícil opinar favorablemente al carecer de esa justificación”, había señalado el procurador Marco Aurelio González.
Lluvia de demandas contra el Estado
También se alertó que no existe una relación de causalidad por la cual el Estado debería hacerse cargo del monto que se reclama por esta indemnización (G. 51 millones por persona), puesto que se trata de una función privada que era realizada en el Puerto de Asunción.
Sostuvieron que esta relación de causalidad podría despertar acciones contra el Estado. En caso de sanción del proyecto de ley, quedará nuevamente en manos del presidente Santiago Peña definir el si o no a la repartija.