El día 29 del mes anterior el presidente Santiago Peña anunció que vetaría totalmente la iniciativa parlamentaria que “desafecta del dominio privado del Estado paraguayo las tierras del Ministerio de Defensa Nacional en Villa Hayes a favor de sus actuales ocupantes (finca 916)”.
El proyecto había sido sancionado por el Senado dos días antes. El antecedente de ese plan de ley se remonta al 21 de septiembre de 2022, cuando una aplanadora colorada con varios “satélites” de la oposición aprobó a ciegas la desafectación de la finca 916 presentada por el cartismo.
Ayer, Santiago Peña firmó el Decreto N° 523 por el cual veta totalmente el cuestionado proyecto de ley que había sido elaborado por el senador colorado cartista “Bachi” Núñez, por el cual se pretendió despojar parte de la finca 916 perteneciente al Ministerio de Defensa. El Jefe de Estado dijo en redes sociales que continuará “defendiendo lo que es de todos los paraguayos”.
El veto del presidente Peña se concretó tras comprobarse que los beneficiarios de las tierras públicas por medio del plan de Núñez serían personas con alto poder adquisitivo. Varios construyeron ostentosas casas, con piscina y muelle privado a orillas del río Paraguay. De ahí ganaron el mote de “ocupantes vip” de tierras del Estado.
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Argumentos del Ejecutivo para vetar ley de despojo de Defensa
El Poder Ejecutivo argumenta en el veto que “el texto en sí del proyecto de ley se limita a declarar de interés social y desafectar del dominio privado la finca en cuestión, pero sin explicitar o fundamentar cuál sería dicho interés social que justificaría dicha medida extrema de desafectación ni individualizar el problema social, o el programa o política pública que se vería satisfecha por dicha desafectación”.
Señala que “la finca que pretende ser desafectada es de interés para la Defensa Nacional, por su ubicación estratégica”. Agrega que “la Procuraduría General de la República ha iniciado las acciones legales pertinentes con el objetivo primordial de reintegrar al uso y goce público el patrimonio estatal”. “No oponerse a un acto de disposición de un bien público constituiría una contravención a los mandatos constitucionales”, señala el veto del Ejecutivo.
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