“Especialmente a ABC le tengo preparado algo”, amenazaba ayer el actual juez camarista de Villa Hayes, Daniel Iván Gómez Rambado. El magistrado se negó a dar su versión sobre la aparición de su nombre en el listado de supuestos ocupantes de las 131 hectáreas de la finca 916, pertenecientes al Ministerio de Defensa Nacional (MDN).
El senador cartista Basilio “Bachi” Núñez junto al exdiputado colorado Edwin Reimer presentaron un proyecto para despojar al Estado de esa porción de tierras públicas conocida como “Jardines de Remansito” para beneficiar, según ellos, a agricultores. Uno de ellos, el juez Gómez Rambado.
El letrado también aparecía como comprador de la Municipalidad de Villa Hayes, cuando el intendente era Ricardo Núñez (hermano de Bachi), de un lote de 1.829 metros cuadrados por G. 8.517.500 (G. 4.656 p/m2) supuestamente comunal. Coincidentemente, esa porción está ubicada en “Jardines de Remansito”.
Llamativamente, no es la primera vez que el magistrado aparece salpicado en un caso de despojo al Estado. Allá por el 2014 –un año antes de ser beneficiado con el supuesto terreno municipal y siendo juez de la Niñez y la Adolescencia de Villa Hayes– firmó una resolución que obligada al Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (Indert) a pagar G. 14.201 millones por tierras de dudoso origen.
La historia de tierra ocupada por juez Gómez Rambado
El 4 de mayo de 2014, el juez de la Niñez y Adolescencia de Villa Hayes, Daniel Gómez Rambado, firmó la Sentencia Definitiva N° 122 por la cual obliga al Indert a pagar G. 10.506 millones, además de otros G. 3.695 millones, un total de G. 14.201 millones.
La resolución del magistrado era en el marco de una demanda por incumplimiento de contrato interpuesta por un grupo de cuestionados abogados. Este equipo, denunciado por supuestos negociados de tierras, reclamaba al ente agrario la cancelación por la venta de 3.001 hectáreas en San Pedro del Paraná (Itapúa) que pertenecían al colono alemán Nikolai Neufeld.
Según los antecedentes, en 2013 el grupo de abogados mediante un dudoso poder consiguió que el Indert –durante la gestión de Juan Carlos Ramírez Montalbetti– pague G. 10.506 millones (50%) por las tierras compradas en el departamento de Itapúa. El inmueble fue ofertado en 2011 inicialmente al ente agrario por unos G. 21.012 millones.
El monto restante debía pagarse una vez finiquitadas las escrituras y de acuerdo al presupuesto de la institución. Sin embargo, todo quedó paralizado luego de un escándalo sobre el proceso que afrontaba Nikolai Neufeld en Alemania por estafa.
El entonces embajador alemán en nuestro país Claude Robert Ellner, incluso, denunció que el Indert pagó los US$ 2,5 millones por las tierras de Nikolai Neufeld, a pesar de que existía una orden judicial de no innovar en la propiedad. La queja del representante diplomático puso en el foco de la tormenta la compra y originó una guerra de acusaciones.
Los supuestos representantes de Neufeld para concretar el negociado utilizaron los poderes generales amplios para realizar las transferencias de inmuebles.
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El Indert nunca tuvo trato alguno con el ciudadano alemán, según los documentos obrantes en nuestro poder.
Luego de la salida de Montalbetti, asumió la presidencia del Indert el condenado Justo Cárdenas. Este último ordenó paralizar el otro desembolso de G. 10.506 millones (el otro 50%) por la compra de las 3.001 hectáreas de tierras por los hechos irregulares denunciados.
Cárdenas dijo que le llamaba la atención que estaba todo preparado para que en menos de tres meses se cancelara el pago de G. 21.012 millones.
Tras la paralización, apareció la sentencia del juez Gómez Rambado que obligaba el pago a los abogados. Lo cierto es que el Indert terminó pagando G. 24.708 millones.
Gómez Rambado apareció involucrado en otro caso coincidentemente con el mismo grupo de abogados. Fue también en 2014, cuando como juez de la Niñez y la Adolescencia intervino en un juicio de usucapión interpuesto por una persona identificada como Óscar Ávila.
El reclamo era contra una propiedad de 2.000 hectáreas ubicada en el Chaco. Con una rapidez inusual, para marzo de 2014, Gómez Rambado falló a favor de Ávila, de acuerdo a los antecedentes.
“Ordena” a Santi Peña promulgar la ley
La concejal colorada cartista de Villa Hayes, Sol Núñez Lovera, hija del senador cartista Basilio “Bachi” Núñez, prácticamente ordenó ayer al presidente de la República, Santiago Peña a promulgar el proyecto de ley por el cual se despoja de 131 hectáreas al Ministerio de Defensa Nacional. Fue durante la sesión ordinaria de la Junta Municipal.
“Que el Presidente diga que va a vetar sin escuchar a la gente no es el camino que se debería seguir a mi parecer. Tenía que venir a hablar y estar en contacto con las autoridades locales y ese es el camino y no dejarse llevar por la prensa y por la gente que no vive en Villa Hayes” (sic).
Según la hija del principal proyectista del despojo al Estado, “la manera del proceder del Gobierno Nacional fue bastante incorrecta, por el simple motivo que es un Gobierno nuevo”. “Soy oficialista y yo estoy diciendo que se procedió de manera incorrecta. Al ser un gobierno nuevo hay muchas cosas que no están al tanto, vamos a decirle” (sic).
“La prensa presionándole ahí. Yo no creo que sea la forma correcta de accionar contra pobladores de ese lugar que hace más de 20 años (están) en ese lugar” (sic).
Señaló que es el momento indicado para algunas autoridades para poder atacar. “Lastimosamente ustedes están afectados y se llevan la mala parte” (sic), dijo la edil a los ocupantes de la Finca 916, que participaron de la sesión.
“Para mí, lo correcto sería que el Gobierno Nacional haga una mesa de trabajo con los pobladores de Jardines de Remansito y con autoridades locales de Villa Hayes (...) hubiera sido la forma correcta y no mandar ya al procurador, militares y policías” (sic).
“Gente opinando, se da el lujo de opinar sin siquiera cruzar el puente (...) hablan por hablar por que es comunicado por ABC Color, pero por favor” (sic).