Desde 1989 hasta 2023, el Ministerio de Defensa Nacional (MDN) tuvo que entregar más de 52.330 hectáreas de sus propiedades en todo el país, lo que equivale más de cuatro veces el tamaño de Asunción, que en total tiene una superficie de 11.700 hectáreas, según datos proveídos al Congreso por la Dirección General de Infraestructura y Patrimonio del MDN.
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Sobre el total de tierras que tiene el Ministerio de Defensa a nivel país, representa una pérdida de 22,8% de sus propiedades, solamente en la era democrática, restándole una superficie total de 176.475 hectáreas.
A este ritmo, en 114 años el Ministerio de Defensa quedará sin una sola hectárea, pese a que varias tienen un rol estratégico e histórico para la Nación, como ser los destacamentos en Infante Rivarola y Mcal. Estigarribia, en el Chaco y varios en zona fronteriza.
Ante esto, el diputado Roberto González (ANR, Fuerza Republicana) presentó esta semana el proyecto de ley “Que modifica los artículos 1° y 2° de la Ley N° 5387/2014 ‘Que establece que toda desafectación de bienes inmuebles del Estado paraguayo – Ministerio de Defensa Nacional – Fuerzas Armadas de la Nación será a título oneroso’ y declara de interés estratégico para la defensa nacional”.
Uno de los puntos centrales planteados por el proyecto radica en dar carácter vinculante a la opinión del Ministerio de Defensa, que deberá necesariamente dar su aval para proceder a la desafectación de sus tierras.
Taxativamente pretende agregar al artículo 1º de la ley actual, que toda desafectación “serán únicamente a título oneroso y a cotización actualizada, previo informe técnico y conformidad del Ministerio de Defensa Nacional”.
En el cuestionado caso “Jardines de Remansito” en Villa Hayes donde se detectaron “ocupantes vip”, ni siquiera consta dictamen o consulta sobre el parecer del Ministerio de Defensa, es decir, fueron “puenteados”.
Además establece: “Declárase de interés estratégico para la Defensa Nacional todos los inmuebles a nombre del Estado paraguayo – Ministerio de Defensa Nacional – Fuerzas Armadas de la Nación”.
Este punto es fundamental, ya que también plantea agregar una prohibición para evitar casos de ocupaciones, sean “vip” o de cualquier tipo.
En tal sentido, sugiere agregar como condicionante para las desafectaciones que sean para proyectos de “interés vitales de la República”.
“Las desafectaciones de inmuebles pertenecientes al Ministerio de Defensa Nacional solo podrán ser planteadas para casos de proyectos que redunden en beneficio de la sociedad en las áreas de salud, educación, o proyecto de intereses vitales de la República, siempre y cuando, estos inmuebles no estén afectados a la actividades propias o proyectos de las unidades militares”, indica el proyecto.
Medida provisoria en Diputados
Como medida paliativa para tratar de dar mayor rigurosidad al tratamiento de pedidos de expropiaciones y desafectaciones, la Cámara de Diputados por consenso acordó que no tratará ninguna iniciativa que no tenga dictamen de la Comisión de Desarrollo Social, Población y Vivienda.
Pese a la buena intención, la medida no es garantía para frenar proyectos irregulares, ya que muchos llegan en su tercer trámite, donde ya no se admite la posibilidad de rechazo, sino simplemente optar por la versión “menos nociva”. En estos casos, la última chance de freno es el veto del Ejecutivo.