El senador cartista Basilio “Bachi” Núñez al parecer cuando era diputado tuvo como principal objetivo dejar sin una hectárea de la Finca 916, ubicada en Villa Hayes, al Ministerio de Defensa Nacional. Así se deduce de los proyectos de ley para la desafectacción de tierras públicas presentados desde su llegada al Congreso.
En junio del año pasado, en su último tramo como miembro de la Cámara Baja, presentó junto a su excolega cartista Edwin Reimer, dos iniciativas (luego unificadas) para despojar al Estado de 131 hectáreas de esa finca. Sin embargo, no fue el único plan de intento de despojo del legislador colorado, ya que el 11 de julio de 2019, firmó con otros cuatro diputados el proyecto para desafectar 5.589 hectáreas de tierras públicas y destinarlas para la regularización de supuestos “sin tierras”.
Lo cierto es que esta iniciativa de Bachi Núñez sí prosperó, pero con modificaciones. De las 5.589 ha. solicitadas logró “sacar” al Estado 1.808 hectáreas de la Finca 916, de las cuales 1.167 hectáreas son para los supuestos “sin techos” y 641 hectáreas están para la venta a las empresas El Farol SA (Adelaida Cañete) y Sermat SA (Carlos Duarte Luraghi), ambas dedicadas a la disposición final de basuras, según describe la Ley 7083/23, promulgada por el expresidente de la República, Mario Abdo Benítez, el 16 de mayo de 2023, quince días después de las elecciones generales.
A tambor batiente
Los registros del Sistema de Información Legislativa detallan como se “operó” sobre el pedido firmado del líder de la bancada cartista y los entonces diputados colorados Pastor Soria, Ángel Paniagua, Arnaldo Samaniego y Enrique Mineur (PLRA).
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La solicitud ingresada en 2019 decía que las 5.589 hectáreas debían ser desafectadas a favor del Instituto Nacional de Bienestar Rural y de la Tierra (Indert). El proyecto no tuvo movimiento importante hasta el 24 de agosto de 2022, cuando ingresa en el orden del día, pero no se trató.
Inmediatamente, el 14 de setiembre de 2022 vuelve a estar en el orden del día. Entonces, se resolvió la postergación de 7 días.
El 21 de setiembre de 2022 aparece el dictamen de la Comisión de Ecología, Recursos Naturales y Medio Ambiente. Se recomendaba la aprobación con modificaciones.
Entre los cambios estaban el aumento de hectáreas a desafectar de la Finca 916. De las 5.589 hectáreas pasaba a 7.372 hectáreas, además ya se incluía en forma taxativa la venta a El Farol SA de 500 hectáreas del Ministerio de Defensa.
Con el solitario dictamen, ese mismo 21 de setiembre de 2022 se aprueba el proyecto de ley con las modificaciones. Coincidentemente, el principal defensor fue Basilio “Bachi” Núñez. Sin embargo, en ningún momento de su “ferviente” alocución citó las hectáreas que iban a ser vendidas a uno de los vertederos de basura: El Farol SA.
Agilidad y más cambios
El proyecto aprobado por Diputados ingresó el 29 de setiembre de 2022 al Senado. En esa cámara el pedido también tuvo mucha agilidad.
El 2 de noviembre de 2022 la iniciativa tuvo dictamen favorable de la comisión de Reforma Agraria y Bienestar Rural. Los firmantes fueron: Sixto Pereira y Hugo Richer (Frente Guasú) y los liberales Octavio Schapt, Carlos Zena y José Ledesma.
El proyecto sufrió una postergación hasta el 9 de marzo de 2023. Entonces ingresa en el orden del día con dos dictámenes en los cuales se aprueban el proyecto, pero, se modifican las hectáreas a ser desafectadas: de las 7.372 ha. propuestas por Diputados bajó a 1.167 hectáreas.
Además, las mismas no iban pasar al Indert sino estarán administradas mediante convenio por el Ministerio de Urbanismo (MUVH) y la Municipalidad de Villa Hayes. A esto se agrega la venta de 141 hectáreas a la otra empresa encargada de la disposición final de basuras. En este caso a Sermat SA.
Con los cambios introducidos el 14 de marzo de 2023 regresa a Diputados.
El 12 de abril de 2023, 18 días antes de las elecciones generales y sin mucho trámite, se aprueba por mayoría la propuesta de la Cámara Alta. El ahora senador Basilio “Bachi” Núñez junto con los exdiputados Pastor Soria (ANR, cartista) y Enrique Mineur (PLRA), entonces, votaron por la versión de Diputados de más hectáreas a ser despojadas al Estado y la venta de tierras públicas solo a El Farol SA.
“Se apropió de Finca”
“Nunca fue del Ministerio de Defensa. El Ministerio de Defensa se apropió” (sic), fue el discurso del entonces diputado Bachi Núñez el 21 de setiembre de 2022 para defender la desafectación de las tierras públicas a favor de los “invasores” de la Finca 916, en Remansito (Villa Hayes).
En el proyecto firmado por Bachi decía que iban a ser regularizados los asentamientos: Nueva Asunción, San Ramón, 8 de Diciembre, Km. mártir Luisa, Km. 24 Belén, Aromita, 13 Tuyuti, La Victoria, La Esperanza, San Cayetano, Milagro Karanda’yty y Sagrado Corazón de Jesús.
Las 1.167 hectáreas desfectadas de la Finca 916 y donde están ubicados estos asentamientos corresponden al predio en el que alguna vez funcionó el aeródromo Nicolás Bó y otras fracciones a la vera de la ruta Py09 “Carlos Antonio López” o “Transchaco”, además de la ruta que va al distrito de José Falcón.
Fracción que desnudó el negociado
El escándalo por el intento de despojo de una fracción de la Finca 916, en la zona denominada Jardines de Remansito de Villa Hayes, destapó el negociado que aparentemente existe con las tierras públicas en esa zona.
El proyecto para la desafectacción de esa porción de propiedad del Estado tuvo aprobación automática el 27 de septiembre pasado, luego de una maniobra impulsada por el senador cartista Basilio “Bachi” Núñez para abandonar la sesión y dejar sin quórum. Precisamente, Bachi Núñez presentó cuando era diputado con su excolega Edwin Reimer (ANR, cartista), el proyecto para “sacar” las 131 hectáreas al Estado y entregar a la Municipalidad de Villa Hayes.
En su iniciativa, Núñez decía que los ocupantes eran agricultores que ahora buscaban incursionar en el turismo. Sin embargo, los supuestos beneficiados eran personas con alto poder adquisitivo que lograron edificar e a orillas del río Paraguay, ostentosas casas varias incluso con muelle privado. Por ese motivo se ganaron el mote de “invasores vip”.
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Esto obligó al presidente Santiago Peña anunciar el veto del proyecto, pero hasta ahora no se dio. No obstante, la Procuraduría General de la República (PGR) ya intervinó para recuperar la propiedad del Estado.
Las mentiras en el proyecto de ley también derivaron en un pronunciamiento de legisladores para la pérdida de investidura y la apertura de un proceso penal contra “Bachi” Núñez.