En comunicación con ABC Cardinal este martes, el procurador general de la República, Marco Aurelio González, comentó que hoy serán anunciados los pasos que tomará el Gobierno en torno al escándalo de la ocupación ilegal de tierras del Ministerio de Defensa Nacional por parte de acaudalados empresarios y políticos en Villa Hayes, departamento de Presidente Hayes.
La controversia cobró relevancia la semana pasada cuando el Senado sancionó un proyecto de ley impulsado originalmente por el senador Basilio Núñez -cuando aún era diputado– que planteaba desafectar 131 hectáreas de una finca propiedad del Estado a favor de la Municipalidad de Villa Hayes, presumiblemente para “legalizar” a las personas que ocupan ilegalmente desde hace años esas tierras, donde han construido lujosas edificaciones.
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El procurador González dijo que “estamos ultimando detalles para confirmar los siguientes pasos, qué tipo de acciones vamos a realizar”, luego de que el pasado fin de semana el Ministerio de Defensa Nacional anunciara un diálogo con la Procuraduría para analizar una “estrategia procesal” para la recuperación de sus tierras y un eventual desalojo de los ocupantes ilegales.
“Las tierras -estamos seguros- corresponden al Estado paraguayo, nadie puede tener otro título”, señaló el procurador, quien indicó que durante el fin de semana se trabajó con el Ministerio de Defensa Nacional, el Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (Indert), el Ministerio de Agricultura y Ganadería y otras instituciones para recabar toda la información sobre los inmuebles en controversia.
Finca 916
El proyecto de ley aprobado por el Senado –cuyo veto ya fue anunciado por el presidente Santiago Peña- afecta a 131 hectáreas de un terreno de alrededor de 9.000 hectáreas denominado “Finca 916″, que también incluye fracciones que ya fueron desafectadas en el pasado en favor de la Municipalidad de Villa Hayes para su loteamiento y venta, además de una zona destinada a la Dirección Nacional de Aeronáutica Civil –que es considerada una opción para el sitio de un nuevo aeropuerto internacional– y un área silvestre protegida por el Ministerio del Ambiente, según explicó el procurador.
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González comentó además -sin entrar en detalles- que se están siguiendo “pistas” en torno a la ocupación de las 131 hectáreas que podrían ser puestas a disposición del Ministerio Público para eventuales acciones penales.