En la última sesión de la Cámara de Senadores se dio la sanción al proyecto de ley “que desafecta y autoriza al Ministerio de Defensa Nacional a transferir a título oneroso a favor de sus actuales ocupantes un inmueble individualizado como parte de la Finca N° 916 ubicada en el distrito de Villa Hayes, lugar denominado Jardines de Remansito, departamento de Presidente Hayes”, siendo estas tierras parte del MDN.
Ante esta maniobra impulsada por el cartista Basilio “Bachi” Núñez, desde la oposición van pronunciándose en contra de este proyecto de ley y ahora se da a conocer un comunicado de la senadora Kattya González y el diputado Raúl Benítez, legisladores del Partido Encuentro Nacional (PEN).
En el documento, los opositores piden al presidente de la República, Santiago Peña, que “objete de manera total” el proyecto de ley, citando el artículo 209 de la Constitución Nacional -de la Objeción Total- y argumentando la “violación del procedimiento legislativo por afectación del Estado de Derecho y atentar contra la seguridad jurídica”.
Asimismo, mencionan que esta ley tuvo sanción ficta porque “una mayoría de senadores obstaculizaron un debate plural y equitativo de todas las fuerzas políticas con representación parlamentaria”, mientras que tampoco se permitió acceso a la documentación necesaria, aseguran.
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Despojo de tierras implica “violaciones graves”
La senadora González y el diputado Benítez también denuncian “violaciones graves” al procedimiento legislativo, situación que genera una “doble afectación”, a saber: a los derechos de la ciudadanía, así como a las prerrogativas de las minorías parlamentarias, motivo por el cual la ley sancionada es inconstitucional y debe ser vetada de manera total para intentar remediar la situación antes planteada.
Además, detallan que se llama la atención ante la mencionada sanción que adicionalmente “está viciada de la ilegitimidad que implica el despojo de un patrimonio que pertenece a todos los paraguayos para favorecer una vez más a grupos de poderes fácticos en desmedro de los derechos de sectores históricamente postergados de nuestro país”.
“Nuestra clara y firme oposición a prácticas torcidas como ésta no es de ahora: ha sido siempre la misma. Los registros de nuestros votos y nuestras actuaciones están disponibles a los ojos de todos”, también declaran.
Finalmente, los congresistas sostienen que, al defender la vigencia del Estado de Derecho, “no pueden seguir permitiendo el atropello cotidiano” a las garantías constitucionales y al debido procedimiento de debate de las leyes sancionadas en el Congreso.