Ayer, aprovechando que la sesión ordinaria quedó sin quorum, se introdujo de manera sorpresiva en el orden del día de la sesión extraordinaria posterior el proyecto de ley “que modifica los artículos 3º inciso g) y 20 inciso d), de la Ley Nº 7089/2023, que establece el régimen de prevención, corrección y sanción de conflictos de intereses en la función pública”.
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Oficialistas y opositores por igual acompañaron sin cuestionamientos esta iniciativa, que buscar cercenar la obligación de declarar vínculos familiares que podrían constituir casos de conflicto de interés, en los cuales los legisladores están incluidos.
“El proyecto de modificación planteado es limitar la definición, o hasta dónde va a abarcar el grupo familiar, hasta la esposa, uno que tiene vínculo de convivencia o los hijos mayores de edad”, indicó el diputado Jorge Ávalos Mariño (PLRA, A), único orador.
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Esto genera sospechas, ya que abriría la puerta para que autoridades con poder de decisión en el Estado (Ejecutivo, Legislativo y Judicial) favorezcan a sus familiares no directos, pero si cercanos, tales como suegros, cuñados, primos, etc.
La ley no solo pretende evitar beneficios directos como podrían ser direccionar licitaciones, sino también indirectos, a través de leyes, como se cuestionó en su momento, cuando se subsidió el combustible de Petropar, siendo varios legisladores dueños de estaciones de servicios con ese emblema.
Según Ávalos Mariño, la modificación es porque “así como está planteado se dificulta mucho no solamente la presentación, sino que también para la Contraloría poder después hacer los controles va a ser sumamente complicado”.
No obstante, reconoció que también temen a las sanciones por incumplimiento, que en el caso de los legisladores se podría considerar mal desempeño en sus funciones y, por tanto, de expulsión.
“Hay que reconocer que establecen ante el incumplimiento sanciones bastante graves, como el caso de los parlamentarios hasta la pérdida de investidura”, dijo.
Ni siquiera tenían dictamen de comisiones, por lo que el pleno dictaminó a las apuradas, llevó a votación y sancionó, todo ello en apenas 7 minutos. Ahora pasa al Senado para su segundo trámite.