Durante casi dos horas y media, un grupo de ocho concejales denunciantes (cuatro colorados, tres liberales y uno del Partido de la Juventud) y representantes de organizaciones ciudadanas, expusieron en Diputados los argumentos del pedido de intervención contra la gestión del intendente de Carapeguá, Luciano Cañete (ANR), ex Fuerza Republicana y ahora aparentemente alineado a un sector del cartismo. El jefe comunal también tuvo espacio para ensayar su defensa.
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Los concejales detallaron los cuatros puntos del pedido de intervención. Primeramente la falta de transferencias en tiempo y forma de G. 141.780.812 a Hacienda y G. 21.800.000 a la Caja de Jubilaciones Municipal, que según indicó la presidenta de la Junta, concejal Rosa Ramos (ANR, HC), el intendente dijo que usó para pagar al personal, lo que se constituiría en “malversación de fondos”.
La concejal Margarita Miró (PLRA) y el exedil Ángel González (ANR, HC) fueron los principales voceros en la denuncia por salarios impagos en “represalia” contra concejales por exigir transparencia al jefe comunal. Varios ya denunciaron esto ante la Fiscalía y accionaron en lo Civil.
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Como tercer punto, si bien no pudieron cuantificar la cantidad de pedidos de informes de la Junta no contestados por Cañete, sí presentaron un bibliorato completo con las notas ignoradas pero con sello de entrada.
Miró también acusó que en todo el año pasado, el intendente no proveyó merienda escolar a los alumnos, y recién retomó la provisión en agosto pasado.
Serias denuncias sobre obras
Por su parte, el arquitecto Marco Antonio Ramírez detalló las denuncias por supuestas obras “sobrefacturadas”, adjudicaciones sospechosas a las mismas empresas vía excepción y otras “remendadas” tras las denuncias de los concejales.
Uno de los casos más llamativos refieren a obras en el Colegio Leonarda Sánchez, donde por una “rampa de acceso” del tamaño de un escalón se pagaron G. 1.563.333. Tras la verificación de los concejales, se amplió unos centímetros.
Lo mismo con el pozo ciego, que según denuncian, tiene menor dimensión de lo establecido, y tras el reclamo, ampliaron pero solo la tapa de cemento. El “parchado” fue evidente, porque un perro dejó su huella en el cemento aún fresco.
Finalmente, también se denunciaron una diferencia de G. 946.444.424 entre las rendiciones de cuentas a la Junta y el reporte de Ejecución Presupuestaria emitido a Hacienda. También adjuntaron sospechas sobre supuesta “falsificación de firmas” en documentos públicos.
Niega ser vizcachero
El intendente Luciano Cañete negó las denuncias por supuesta persecución y también de daño patrimonial, alegando básicamente que es “comerciante” y no requiere incurrir en ese tipo de cosas.
“Tiene que preguntar (el denunciante) cuánto cuesta un baño sexado, a lo mejor en otro lugar cuesta más caro. Nosotros en ‘vicachería’ no vamos a entrar. Yo no entré para esas cosas, si necesitaba plata iba a quedarme en mi negocio, porque soy comerciante”, afirmó.
También, respecto a los salarios impagos a concejales, sostuvo que lo adeudado “eran de los anteriores periodos, de la época de pandemia” y que considera una “cuentita” que esperan regularizar a finales de año.
“Bocha” versus Samaniego
El diputado Héctor “Bocha” Figueredo (ANR, HC) con sus preguntas a los concejales trató de “ayudar” al intendente, insistiendo por ejemplo en que digan si existen o no “obras fantasmas”, cuando lo que se cuestiona es supuesta sobrefacturación.
En contrapunto, el presidente de la Comisión, Esteban Samaniego (ANR, HC), apoyó la denuncia de los concejales y cuestionó la “floja” auditoría de Contraloría y adelantó que pedirán otra más detallada. Se acordó realizar una visita in situ, con fecha a definir el lunes.