La comisión de Legislación, presidida por el senador Derlis Maidana (ANR, HC), convocó a una audiencia pública en la Sala Bicameral del Congreso para debatir sobre el proyecto de ley del Gobierno de Santiago Peña “por el cual se reglamenta el rol supervisor del Estado a las entidades de jubilaciones y pensiones”, que está pendiente de tratamiento en la Cámara de Senadores.
En medio de abucheos, representantes del Ejecutivo presentaron y defendieron la propuesta legislativa presentada por cartistas y sus aliados Arnaldo Samaniego (ANR) y los liberales Dionisio Amarilla y Hermelinda Alvarenga.
Denuncian plan de privatizar sistema jubilatorio
Eduardo Ojeda, dirigente sindical de la Corriente Sindical Clasista, pidió el rechazo y archivo del proyecto de ley y solicitó a las autoridades que no mientan y digan que la intención real es la privatización del sistema jubilatorio.
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Añadió que la crisis que tienen las ocho cajas de jubilaciones no es por culpa de los trabajadores, sino de los exadministradores corruptos. Sus dichos fueron acompañados con aplausos.
Juana Larrea, de la Organización de Trabajadores de la Educación Sindicato Nacional (OTEP-SN), expresó su preocupación por la aplicación de la norma y dijo que será un “saqueo” a la caja fiscal. Instó a los trabajadores y jubilados a salir a las calles en defensa de las cajas y pidió que el Estado como patrón honre su deuda histórica con el aporte el 9%, el mismo porcentaje que el Estado aportó para salvar la caja parlamentaria.
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Superintendencia de jubilaciones: piden instalar mesa técnica
Otros representantes de gremios de trabajadores pidieron que se instale una mesa técnica donde trabajadores, jubilados, empresarios y todos los sectores afectados sean partícipes. Beltrán Macchi, de la Asociación de Bancos del Paraguay, fue abucheado cuando dijo que con ajustes la aplicación del proyecto “será razonable”.
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Jorge Figueredo, de la Feprinco, también fue cuestionado cuando opinó que alguien tiene que hacer de árbitro y controlar las cajas y que a la propuesta incluyeron disposiciones para que ningún administrador pueda “hacer lo que se le cante”.
Rosana González, del Sindicato de Médicos, mencionó que solo el 20% de la población cuenta con seguro social y cuestionó que el gobierno no se ocupe en lograr que el otro 80% de la población también goce del mismo beneficio, antes que crear una superintendencia de jubilaciones que tendrá un superpoder.
“Tenemos el temor que el dinero sea tragado como en los anteriores gobiernos”, enfatizó.
La senadora Celeste Amarilla (PLRA) dijo en la audiencia que con el proyecto de ley se va a dar un superpoder al superintendente, además de atribuirle funciones del Congreso ya que, según dijo, va a poder interpretar las leyes, por ejemplo, en el caso de un sumario a un funcionario. Indicó que la normativa deroga la ley del IPS. Pidió su rechazo.
El senador Derlis Maidana (ANR, HC) cortó abruptamente el desarrollo de la audiencia pública, dejando colgados a casi 100 oradores, según denunció la senadora Yolanda Paredes, de Cruzada Nacional.