Por segundo año consecutivo, la administración del intendente Gustavo Penayo (ANR, cartista) realiza de manera desprolija el proceso del llamado a licitación para la provisión del almuerzo escolar en ocho escuelas de Caapucú y, por ende, los niños no reciben la alimentación en sus escuelas. Este año fue declarado desierto el llamado por Concurso de Ofertas debido a que los oferentes que la municipalidad invitó no contaban con la documentación exigida en el pliego de bases y condiciones que la Junta Municipal aprobó para asegurar transparencia administrativa.
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A escasos tres meses para que culmine el actual año lectivo, los 116 niños matriculados de las ocho escuelas de Caapucú no reciben la alimentación como se exige por ley. El año pasado tampoco recibieron una sola ración de alimento porque la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP) anuló el proceso de contratación para provisión del almuerzo por las supuestas irregularidades en el procedimiento de adjudicación en la modalidad plurianual por G. 731.136.000.
Según el Portal de Contrataciones Públicas, la Municipalidad de Caapucú llamó en junio pasado a la provisión de alimentos cocinados en las escuelas por G. 334 millones por concurso de ofertas, para lo cual invitó a las empresas: Gabriela Vallejos Ruiz, Granos y Aceite Sociedad Anónima, Lakmi SA, Stencil SA y Videl Sociedad Anónima, pero no cumplieron con los requerimientos legales. En 2022, Penayo ya había adjudicado el servicio a la empresa Videl Sociedad Anónima, propiedad de Benigno Villasboa, pero fue anulado debido a las protestas por las irregularidades en el procedimiento. Llamativamente, este año volvió a invitar a la misma empresa.
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Consultado al respecto, el intendente confirmó que fue declarado desierto el proceso porque tiene “muchas persecuciones” y dijo que volverá a realizar otro llamado. Agregó que igualmente están sirviendo el almuerzo escolar que financia “con recursos de su pecunio personal y con apoyo de empresas amigas”.
Desde la Junta Municipal se pidieron informes de la supuesta distribución de almuerzo que hace el intendente sin pasar por el proceso de licitación. Indicaron que eso está prohibido por ley, pues se necesita saber la trazabilidad de los alimentos que darán a los niños.