Hugo Javier González estuvo rodeado y vigilado siempre, principalmente por su asesor Miguel Ángel Robles Ibarra, un cuestionado exfuncionario de la Administración Nacional de Navegación y Puertos (ANNP), al que llamaban “el gobernador de facto”.
El Nº 2 asumió el cargo el 15 de agosto de 2018, pero ya en 2019 comenzaron a saltar supuestas irregularidades que constantemente eran denunciadas en la Junta Departamental por el concejal del PLRA Adrián Billy Vaesken, entonces presidente del pleno. Las denuncias, sin embargo, no tuvieron apoyo de sus pares y no prosperaron.
Más adelante, Vaesken conformó una comisión especial de investigación, a raíz de una denuncia que ingresó a la Junta sobre supuestos desvíos de fondos del rubro 800.
Lea más: Línea de tiempo: el camino a la presidencia de Santiago Peña
La comisión dictaminó la presunción de desvío de fondos y mencionó en su dictamen el modus operandi de la administración de Hugo Javier. Se puso dicho dictamen a consideración de la Junta, pero los concejales colorados cartistas dejaron sin quorum la sesión de ese día y también las posteriores, hasta que lograron destituir a Vaesken de la presidencia.
A partir de esto, se conformó la bancada opositora formada por siete liberales que denunciaban constantemente groseras anomalías cometidas por la administración de Hugo Javier.
Imputación fiscal
A mediados de 2021, tiempo en que la pandemia del covid-19 azotaba con fuerza al país, especialmente en el departamento Central, los concejales liberales Adrián Billy Vaesken y Roque Ávalos lograron reunir todos los elementos contra la administración del cuestionado gobernador Hugo Javier, denunciando un grave hecho ante el Ministerio Público.
Destacaban la presentación de facturas clonadas en la rendición de cuentas de la ejecución de G. 5.105 millones del fondo covid-19, que el Ejecutivo desembolsó a la Gobernación de Central para generar fuente de trabajo en el departamento.
Los comprobantes estaban a nombre de la ONG Centro Integral de Apoyo Profesional (CIAP), de Tadeo Andrés Álvarez Cristaldo, que recibió de la Gobernación los G. 5.105 millones para la ejecución de obras de mejoras en espacios públicos. Sin embargo, las obras presentadas ya fueron hechas con otro recurso.
El 1 de noviembre de 2021, los fiscales Rodrigo Estigarribia, Diego Arzamendia y Francisco Cabrera, finalmente imputaron a Hugo Javier González y a otras 14 personas como funcionarios, contratistas y miembros de la ONG CIAP. Los hechos investigados son lesión de confianza, asociación criminal, declaración falsa y producción de documentos no auténticos.
Los fiscales igualmente lograron comprobar la participación del “gobernador de facto”, Miguel Ángel Robles Ibarra, en un esquema delictivo creado en la misma gobernación para desviar el fondo covid-19 en plena pandemia. Fueron procesadas en total 17 personas, de las cuales un imputado falleció, 8 fueron acusadas –incluyendo Hugo Javier González– y otras fueron beneficiadas con salidas procesales debido a la colaboración en la investigación.
Los desafíos
El PLRA logró recuperar la Gobernación de Central en las últimas elecciones. Asume para este periodo Ricardo Estigarribia, exintendente liberal de Villa Elisa, quien tiene como uno de sus principales desafíos recuperar la credibilidad de la institución.
Lea más: Desafíos del gobierno de Santiago Peña
Estigarribia asume gracias a la confianza de los electores de los 19 distritos que esperan el buen uso de los recursos transferidos por el Gobierno Central para beneficio del departamento más poblado del país.
En este sentido, el gobierno de Santiago Peña debe tener entre sus prioridades un mayor control sobre la utilización de los recursos públicos entregados. En el primer indicio de mala gestión, activar los mecanismos de bloqueo de transferencias y realizar las denuncias ante el Ministerio Público para un castigo ejemplar a los involucrados.