Si bien la mayoría de los legisladores de la Cámara de Diputados destacaron el fin loable del proyecto, consideraron que la iniciativa tenía problemas para su aplicación, y como ya tenía inminente fecha de sanción ficta, era imposible reformarlo en comisiones, por lo que se optó por el rechazo.
La iniciativa plantea que el Estado incentive la sustitución de la flota vehicular de autobuses públicos por el sistema eléctrico, aunque sea de forma paulatina y gradual “con previa autorización técnica y legal del MOPC y de conformidad con la viabilidad financiera”.
Según indicó la presidenta de la Comisión de Presupuesto, Cristina Villalba (ANR, HC), se plantea un “reemplazo cada 2 años, con una meta en ese periodo no menor al 5%”.
Sin embargo, recordaron que ya se encuentra vigente y en proceso de reglamentación la Ley 6925/22 “de incentivos y promoción del transporte eléctrico en el Paraguay”, que aborda una temática similar.
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Villalba acotó que el Ministerio de Hacienda reprochó algunas cuestiones no contempladas en esta propuesta. Las críticas también fueron respaldadas por otras comisiones como la de Obras Públicas y la de Ciencia y Tecnología.
Proyecto sobre buses eléctricos no tiene fondo para ser creado, dicen
“Según el parecer técnico del Ministerio de Hacienda, el proyecto de ley no dispone del objetivo del fondo a ser creado, en tal sentido la normativa debe establecer de forma explícita el fin que tendrán los recursos de dichos fondos”, dijo Villalba.
También destacó que “el proyecto no hace mención a los requisitos que deberán presentar los potenciales beneficiarios, a los efectos acceder al subsidio planteado, entre los cuales se debería incluir no adeudar subsidios al fisco”.
El diputado Benjamín Cantero (ANR, FR) por la Comisión de Obras Públicas y César Cerini (ANR, FR) en nombre de la de Cuentas y Control también recomendaron el rechazo.
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Por su parte, el diputado Raúl Benítez (PEN) también destacó que en la Comisión de Ciencias y Tecnología realizaron una audiencia pública, donde representantes del gremio de transportistas y de la Administración Nacional de Electricidad (ANDE) afirmaron no haber sido consultados.
“No se discute el espíritu de la Ley”, dijo Benítez, que no obstante sostuvo que hay otras cuestiones que analizar más detenidamente, como dónde instalar los puntos de recarga o cómo distribuir los buses nuevos.
Por ello planteó el rechazo, pero con la intención futura de instalar una mesa de trabajo para proponer una nueva iniciativa sobre el tema, mejor trabajada y concensuada con el Poder Ejecutivo.