La ampliación presupuestaria para la Fiscalía, con la cuestionada modificación, fue aprobada por 30 votos de la aplanadora colorada y de opositores satélites. Esto deja la cifra en G. 80.000 millones para el presente ejercicio. El expediente pasa a la Cámara de Diputados.
En cambio solo nueve senadores pidieron aprobar la versión original del pedido del fiscal general del Estado, Emiliano Rolón, por G. 64.000 millones. Hubo dos abstenciones y cuatro ausentes.
Kattya González (PEN) dijo que el pedido inicial de la Fiscalía era solo de G. 64.000 millones, lo cual calificó de “razonable” porque era para paliar la gestión de Quiñónez en falta de pagos de alquileres, tasas, equipos obras y solo se pedía 20 rubros, para laboratorio.
Sin embargo, sugirió que la Comisión de Hacienda del Senado, en una aparente medida extorsiva, lo elevó a G. 80.000 millones para incluir la creación de 468 cargos, de los cuales 120 eran agentes fiscales, otros 40 agentes, ocho fiscales adjuntos, 40 auxiliares, 20 médicos forenses, 40 psicólogos, 30 peritos, 60 asistentes y 30 choferes.
Sostuvo que el fiscal general no pidió todo esto y que es muy común en el Congreso conceder aumentos a cambio de cargos para los operadores.
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El titular de la Comisión de Hacienda, Derlis Osorio, intentó justificar la modificación pero Celeste Amarilla (PLRA) le espetó que nunca se mostró la supuesta adenda de la Fiscalía.
Cartistas alegan que no tiene que justificarse porque tienen votos
Basilio Núñez (ANR, HC), por su parte, dijo que no había necesidad de argumentar el llamativo aumento y pidió pasar a la votación. Rafael Filizzola (PDP) dijo que no se podía creer ciegamente a un pedido que no fue oficializado.
Derlis Osorio (ANR, BC), titular de la comisión de Hacienda, expuso el dictamen a favor por un aumento por G. 80.000 millones. Señaló que los G. 64.000 millones se usarán para pagar deudas, montar laboratorios y adquirir equipamiento mientras que los más de G. 15.000 millones incluidos por la comisión eran para a crear cargos jurisdiccionales.
En una segunda intervención dijo que si bien el pedido inicial fue de G. 64.000 millones, sostuvo que luego Rolón explicó que requerían más presupuesto mediante una adenda y en reuniones paralelas.
Unidades especializadas son extorsivas, denuncian
Yolanda Paredes (Cruzada Nacional) reconoció que faltan más fondos para los laboratorios y pagar las vergonzosas deudas por alquileres que dejó la gestión de Sandra Quiñónez de los cuales G. 9.000 millones eran en intereses. Sin embargo, dijo estar en contra de crear más cargos. Incluso pidió suprimir unidades fiscales especializadas de marcas, ambientales o de lucha contra el contrabando al denunciar que no cumplen sus funciones y solo existen para extorsionar.
Agregó que esta práctica nació durante la gestión como fiscal del hoy vicepresidente Hugo Velázquez, designado como significativamente corrupto por EE.UU.
El senador José Oviedo (Cruzada Nacional) también repudió la calidad de la justicia que tiene el Paraguay.
Por su parte la senadora Lilian Samaniego (ANR) subrayó que el aumento era para pagos de alquileres pendientes desde hace cinco años, pago servicios como la ANDE, construcciones pendientes, alquileres particulares e indemnizaciones. Recalcó que actualmente solo hay 380 agentes fiscales y se necesitan unos 200 más ante la curva delictiva en aumento.
Sergio Rojas (PLRA) señaló que se necesitan más unidades fiscales ante el aumento del microtráfico urbano. “Para tener idea, una sola fiscal antidrogas de San Lorenzo se encarga del 40% del departamento Central”, dijo.
Apuntó que de esta manera, al aprobar el pedido, se da un respaldo al fiscal general quien fue amenazado por el diputado Yamil Esgaib (ANR, HC).
Norma Aquino “Yamy Nal” (Ex-CN) recalcó que este aumento traerá grandes mejoras laboratoriales para resolver casos de abusos a menores.
Filizzola dijo que se necesitan más recursos para la Fiscalía así como para todas las otras necesidades. Cuestionó que el Ministerio Público no pagara alquileres al IPS desde el 2016 al 2021 y que no correspondía culpar al Congreso por no cumplir estos gastos rígidos al señalar que la Corte dio una medida cautelar a la Fiscalía para permitirle hacer reprogramaciones presupuestarias a su antojo.