El proyecto de ley que obliga a la compra de radares tiene por objeto establecer los mecanismos para la adquisición y puesta en funcionamiento de un sistema de radares, un centro de vigilancia integrada de información y sistemas de comunicaciones con capacidad y alcance para cubrir y resguardar todo el espacio aéreo nacional.
La norma señala que la finalidad de la normativa es establecer la efectiva vigilancia y protección de todo el espacio aéreo nacional en el ejercicio de la defensa territorial a fin de evitar el tránsito de aeronaves de forma irregular que puedan estar involucradas en el tráfico ilícito de sustancias estupefacientes y todo lo relacionado al crimen organizado y delitos conexos.
Asimismo, el proyecto señala de forma taxativa que las atribuciones establecidas por el proyecto de ley no afectan a las que corresponden por competencia a la Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (Dinac).
Se establece, según el proyecto de ley sancionado, que la Fuerza Aérea Paraguaya coordinará un sistema de vigilancia integrada con la Dirección Nacional de Aeronáutica Civil.
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Tanto la senadora Yolanda Paredes, de Cruzada Nacional, como el senador Rafael Filizzola (PDP) cuestionaron a las autoridades de la Dinac como de las de la Fuerza Aérea Paraguaya que no hayan podido responder en qué parte el texto de la versión del Senado violenta disposiciones vigentes y convenios internacionales.
Compra de radares: hay inquietud de la Dinac
Por su parte, el presidente de la comisión de Prevención y Lucha contra el Narcotráfico, Sergio Rojas (PLRA), indicó que hay una guerra por las tasas entre las instituciones. “Hay una inquietud de la Dinac, porque hay varios servicios que presta la institución, son 70 millones de dólares en juego que se cobran en materia de tasas”, dijo el senador liberal, quien aseguró que ese es el temor real.
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Asimismo, indicó que esta normativa resultará letra muerta si en el Presupuesto General de la Nación no se establecen los montos para la compra. Añadió que la compra de radares significará una inversión para las Fuerzas Armadas de entre US$ 100 millones y US$ 150 millones, dependiendo de su procedencia.
El proyecto de ley sancionado señala que los radares deberán tener un alcance suficiente para cubrir todo el espacio aéreo nacional a una altura mínima de 2.000 pies.