El 24 de agosto de 2022, Justo Zacarías Irún, entonces diputado por el Alto Paraná, votó a favor del plan de ley con el que se buscaba despojar a la Itaipú de unos US$ 940 millones. El dinero, supuestamente, iba a ser dado para unos 16.000 exobreros y contratistas en carácter de compensación monetaria por haber trabajado en la construcción de la hidroeléctrica, aunque una parte iba a ser usada para pagar comisión a los intermediarios o “gestores”.
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La diputada Rocío Abed de Zacarías (ANR - HC), esposa de Justo, fue una de las principales promotoras para que dicha idea se convierta en ley. La votación para decidir eso, del 24 de agosto, se llevó a cabo gracias a una moción de preferencia que había realizado la diputada.
El proyecto de ley supuestamente pretendía ser una “compensación histórica a extrabajadores, obreros originarios, constructores, contratados directos, de empresas contratistas y subcontratistas de obras, locadores y sublocadores de servicios y de los convenios de salud y educación, de la usina de Itaipú Margen Derecha”. Fue presentado por los senadores Abel González (PLRA), Gilberto “Tony” Apuril (Hagamos), Miguel Fulgencio Rodríguez (FG) y Enrique Riera (ANR, cartista) y sancionado en dicho organismo el 16 de junio de 2022.
La Cámara de Diputados aprobó posteriormente el proyecto, el 24 de agosto de 2022, a pesar de todas las recomendaciones de especialistas, de autoridades del propio Gobierno y hasta de las propias comisiones especializadas en la Cámara Baja.
Finalmente, el 5 de octubre de 2022, el Poder Ejecutivo vetó totalmente la referida ley, haciendo caso a la solicitud del propio Ministerio de Hacienda y de otros organismos.
Hubo, posteriormente, intentos desde el cartismo por volver a insistir con el proyecto, pero no prosperó.
Ahora Justo Zacarías deberá estar al frente de la Itaipú como director, ya que fue anunciado en dicho cargo por el presidente electo, Santiago Peña (ANR-HC).
Llena de irregularidades
La base para sustentar la iniciativa fue que los exobreros que trabajaron en la construcción de la hidroeléctrica con base a las normas del Brasil, cobraron una compensación en el país vecino, por lo que argumentan que correspondía hacer lo mismo en el lado paraguayo.
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Una primera nómina -elaborada por supuestos grupos de extrabajadores, gremios y sindicatos- llegaba incluso a los 27.000 nombres.
ABC Color accedió a la lista y la depuró, dejando finalmente en 16.180 nombres únicos.
La nómina estaba plagada de irregularidades, como por ejemplo, exobreros que no tenían empresa contratista, o no figuraban en ninguna dependencia obrera.
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Aparecían además nombres de personas fallecidas que no estaban dentro de la nómina de herederos, entre otros. Además, la depuración que hizo ABC permitió descubrir que altos funcionarios de la Itaipú, seccionaleros y hasta autoridades nacionales figuraban en la nómina como para recibir la “compensación”.
Los propios proyectistas habían reconocido que no tenían forma de controlar la lista, ya que la elaboración de la misma había quedado a cargo de los gremios y sindicatos, supuestamente.
Ligado a denuncias por corrupción
Justo Zacarías, que tendrá a su cargo uno de los entes que más dinero genera en el país, arrastra una serie de denuncias por supuesta corrupción en su época como gobernador de Alto Paraná. Millonarias sobrefacturaciones en obras, direccionamiento de licitaciones y entrega de alimentos en mal estado, son apenas algunas de las denuncias en su contra.
Un caso, hoy por día ya “emblemático”, tiene que ver con los “gallineros de oro” que se construyeron en el 2015 en diferentes ciudades del Alto Paraná, cuando Zacarías era gobernador. La institución a cargo de Zacarías pagó unos G. 13 millones por cada corral para estas aves, cuando el precio no podía superar los G. 1.500.000, según las denuncias.