El primer pedido estudiado hoy en el pleno de la Cámara Baja fue el de la intervención de la Municipalidad de Valenzuela a cargo de la liberal, Mirtha Fernández, quien está acusada por los fiscales de Delitos Económicos Diego Arzamendia y Néstor Coronel por un supuesto daño patrimonial de G. 1.199 millones y por asociación criminal. El acta de acusación sirvió de respaldo para que ediles colorados pidan la intervención municipal en Valenzuela.
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El segundo pedido de intervención de la administración de Hilario Adorno (ANR, cartista), intendente de Puerto Casado, a solicitud de los concejales casadeños, quienes denuncian una serie de irregularidades, entre ellas la compra de una camioneta que supuestamente fue pagada con dinero municipal, pero que está a nombre de Adorno. El intendente ya fue imputado por el fiscal Luis Piñánez por posible lesión de confianza y estafa por la compra del rodado.
En tanto que en el tercer punto, fue el pedido de intervención de la Municipalidad de Ñemby, a cargo de Tomás Olmedo (ANR-FR), solicitado por unanimidad por la Junta Municipal. Los 12 ediles denunciaron que el intendente sobrefacturó los fondos destinados para la iluminación del cerro Ñemby. Además por una posible falta de transparencia en la utilización de G. 8.800 millones.
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Al respecto el presidente de la Cámara de Diputados indicó que se dio 48 horas a los líderes de las bancadas para que se elija a los diputados que integraran las tres comisiones especiales y a partir de allí correrá el plazo de 15 días analizar las denuncias, escuchar la contraparte y dar un dictamen al pleno.
“Se habló con los líderes de bancada que se iba a buscar un acuerdo para generar una integración proporcional de las diferentes comisiones de intervención para escuchar a las diferentes partes de que es lo que ocurre en los tres municipios”, dijo Raúl Latorre (cartista), presidente de la Cámara de Diputados.