TSJE y Seprelad intentarán evitar el “dinero sucio”

El Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE) y la Secretaría de Prevención del Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad) firmarán hoy a las 08:30 un convenio para intentar prevenir y combatir al lavado de activos el marco de la Ley de Financiamiento Político.

El ministro Jorge Bogarín González, el titular de la Seprelad René Fernández y Rocío Frutos.ABC Color
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El Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE) y la Seprelad pretenden con el convenio a firmarse hoy evitar que el dinero proveniente de hechos delictivos se use para financiar las campañas electorales.

También buscan fortalecer el control ya existente porque algunos de los políticos que llegaron a cargos de poder ahora son investigados por supuestos vínculos con el narcotráfico, terrorismo y lavado de dinero. Como ejemplo, se citan al imputado senador Erico Galeano (ANR, cartista), los ex diputados Ulises Quintana (ANR, cartista), Juan Carlos Ozorio (ANR, oficialista) y Ever Noguera (ANR, oficialista), entre otros.

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Ambas instituciones buscan tener un espacio de trabajo articulado para la implementación de un enfoque de supervisión para prevenir los riesgos de lavado de activos y financiamiento del terrorismo.

Cumbre de supervisores anti lavado de dinero

Tras la firma del convenio, se iniciará una cumbre de supervisores del Sistema Antilavado de Activos, Contra el Financiamiento del Terrorismo, Contra el Financiamiento para la proliferación de armas de destrucción masiva del Paraguay y la Unidad Especializada de Fiscalización de Financiamiento Político de la Justicia Electoral.

Esta reunión, que culminará mañana, tiene por objetivo visibilizar las buenas prácticas y desafíos existentes en materia de prevención y combate al lavado de activos en el marco de la implementación efectiva de la Ley de Financiamiento Político vigente desde el 2020.

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Además, analizarán los estándares internacionales sobre la lucha contra el lavado de activos, el financiamiento del terrorismo y la proliferación de armas de destrucción masiva, aprobados por el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) y el Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat).

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