Diputados sancionan indemnización a funcionarios en la ANNP

La Cámara de Diputados sancionó y remitió al Ejecutivo el proyecto de ley que “autoriza a la Administración Nacional de Navegación y Puertos (ANNP) a indemnizar extraordinariamente a funcionarios y obreros de la institución, por el cese de operaciones del puerto de Asunción”, aceptando la versión “menos onerosa” para el Estado.

La Cámara de Diputados sancionó el proyecto que establece una indemnización a funcionarios cesados del puerto de Asunción.virgilio vera
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“En su momento, se había analizado técnicamente, la institución (Administración Nacional de Navegación y Puertos) cuenta con los recursos propios para ir cumpliendo estos compromisos y de hecho, si bien en Diputados no aprobamos la versión original, logramos consensuar el punto de equilibrio con los afectados directos y la institución, así que por todo ello me gustaría lograr la ratificación”, dijo el diputado proyectista Néstor Ferrer (ANR, HC).

Su colega Emilio Pavón (PLRA) también abogó por la ratificación de la versión Diputados que, según los cálculos expuestos en la argumentación, implicaría un desembolso aproximado de G. 124.006.104.601 (cerca de US$ 16 millones) para unos 563 beneficiarios.

“Hace 10 años que están cobrando, si no aprobamos hoy van a continuar cobrando (salarios), y la idea es que se haga la indemnización y que con fondos propios se pague”, dijo Pavón.

Diputado apeló a versión Senado sobre indemnización en Puertos

El diputado Édgar Acosta (PLRA), por su parte, indico que en la comisión de Cuentas y Control “analizamos con los colegas y vimos que la versión Senado es la que, por un principio de prudencia y monto, recomendamos”.

Ni los legisladores, ni el proyecto de ley precisan el monto final a ser destinado para esta compensación, que será cubierta con fondos propios de la institución.

El cálculo varía, ya que inicialmente plantearon que se pague una “indemnización extraordinaria con dos salarios percibidos por los trabajadores y por cada año de antigüedad a funcionarios y obreros”, y la versión sancionada redujo a un salario por cada año de antigüedad.

Como medida adicional incluida en la ley, los que serán beneficiados no podrán ser contratados en otras institución estatal por el plazo de 10 años.

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