La ANR se declaró pro vida y pro familia, sin embargo, nunca se declaró anti corrupción o pro honestidad. La agrupación, que está en el poder desde hace 70 años, salvo en el periodo 2008-2013, usa cuestionados criterios para expulsar a sus afiliados y se caracteriza por dar protección a procesados por corrupción, especialmente a quienes son del cartismo.
Tras cada elección nacional, la agrupación elimina de su padrón a miles de “traidores” por no haber votado por la Lista 1 o por haber trabajado para otras listas.
Expulsó a menos de 10 afiliados por casos de corrupción y narcotráfico pese que hay más de 30 políticos de esa corriente ya condenados, tal como expuso nuestro diario en la edición de ayer.
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A esto se suma que hay más de 40 legisladores activos, exintendentes y exgobernadores (ver el cuadro) procesados por delitos tales como desvío de fondos, tráfico de drogas y hasta abuso sexual y pornografía infantil. Lejos de ser repudiados, vuelven a ser candidatos y ganan nuevos cargos en nombre de ANR.
Los criterios de expulsión cambian según el caso, ya que la ANR sostiene que no puede expulsar a nadie sin condena firme, pero cuando esta existe, ahí alegan que no hay “pena privativa de libertad”. Cuando hay encarcelamiento, simplemente ignoran el caso.
Entre los procesados más sonados están el senador electo Erico Galeano; Ricardo y Oscar Núñez, villahayenses y hermanos del senador electo Basilio “Bachi” Núñez; el exgobernador de Central Hugo Javier González y los diputados Ulises Quintana, Ever Noguera, Tomás Rivas y Miguel Cuevas, así como la prófuga Dalia López y los casos se extienden desde la actualidad hasta décadas atrás.
No obstante la ANR, prefiere perseguir a los que critican a Horacio Cartes.
Procesados y blanqueados que siguen afiliados a la ANR
(Lista parcial)
Ramón Jiménez Gaona: Exministro de Obras imputado por el megafraude del Metrobús.
Erico Galeano: Diputado saliente y senador electo imputado por lavado de dinero.
Óscar “Ñoño” Núñez: Hermano del senador electo Basilio Núñez. Exgobernador de Presidente Hayes imputado en 2014 por desvío de fondos. Su juicio se dilata debido a las chicanas.
Ricardo Núñez: Hermano del senador electo Basilio Núñez. Exintendente de Villa Hayes procesado por presunta corrupción desde la Conajzar.
Hugo Javier González: Ex gobernador de Central, destituido por la Junta Departamental y procesado por desvío. Goza de prisión domiciliaria.
Francisco Chávez: Exintendente destituido de Independencia, imputado y con arresto domiciliario por supuestos hechos de corrupción.
Éver Noguera: Diputado saliente que se encuentra imputado, pero protegido por los fueros parlamentarios, por supuesto fraude con la merienda escolar.
Javier Zacarías Irún: Senador reelecto, fue absuelto por jueces de Alto Paraná y la Corte suprema en procesos por desvíos de fondos en CDE.
Ulises Quintana: Diputado saliente por Alto Paraná. Tuvo dos permisos para que a pesar de estar preso no pierda su investidura. Estados Unidos lo designó como significativamente corrupto como a otros correligionarios suyos.
Sandra McLeod: Ex intendenta de CDE y absuelta en tres procesos gracias a una Fiscalía deficiente, jueces benévolos y ministros de la Corte que no pusieron fin a eso.
Miguel Cuevas: Diputado saliente por Paraguarí quien tuvo permiso para estar preso. Su proceso por supuesto enriquecimiento ilícito continúa.
Dany Durand: Exministro de la Vivienda, imputado por el caso Mocipar tras ser blanqueado en la imputación por mentir en su declaración jurada.
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Tomás Rivas: Diputado por Paraguarí imputado en 2018 por otro caso de “caseros de oro”. Fue blanqueado por el vicepresidente electo Pedro Alliana, pero la Justicia ordenó un nuevo juicio.
Rodolfo Friedmann: Senador y vicepresidente segundo de la ANR. Procesado por presunto fraude de la “merienda escolar” pero fue sobreseído provisionalmente.
Dalia López: Prófuga, quien se encuentra burlando la justicia y tiene código rojo de Interpol por el caso Ronaldinho. Vinculada a varios políticos.
Yamil Esgaib: Diputado electo de Asunción, propietario de varios casinos. Imputado y acusado por explotación ilegal de apuestas deportivas.
Gustavo Rodríguez: Exintendente de San Pedro imputado por desvío de fondos.
Denilso Sánchez Garcete: Exintendente de Capitán Bado. Sus hermanos fueron expulsados de la ANR por sus vínculos con el narcotráfico.
Luciano Cañete: Intendente de Carapeguá, procesado por supuesta producción de documento público de contenido falso.
Isabelino Silva López: Exintendente de Carapeguá imputado por posible lesión de confianza por obras fantasma.
Rubén Otazú: Exprecandidato a concejal municipal de Encarnación por la ANR procesado por pornografía infantil.
Sergio Cuéllar: Exintendente de Fuerte Olimpo. Imputado por supuesta lesión de confianza. Se habla de un daño patrimonial cercano a los G. 400 millones. Fue blanqueado por el juez Pablo Monges y la fiscala Victoria Acuña.
Abraham Alegre: Exintendente interino de Presidente Franco en 2015. Procesado por pagar G. 708 millones por obras fantasmas. Gracias a la Fiscalía ya fue blanqueado.
Édgar Walko: Exintendente de Yuty entre 2010 y 2015. Fue acusado por un faltante de G. 4.000 millones en su administración, además de falsificar documentos. Fue blanqueado.
Alfredo Gayoso: Exintendente de Maracaná. Sigue procesado por desvío.
Lauro Becker Dietze: Ex intendente de Obligado blanqueado con la extinción del caso.
Federico González: Ex intendente de Gral. Morínigo procesado por desvío de fondos.
Diego Gallagher: Ex intendente de Fuerte Olimpo imputado en 2009.
Hernán Schlender: Exitendente de Jesús de Tavarangue procesado por lavar dinero del narcotráfico en las cuentas del Fonacide.
Ignacio Fretes: Exintendente de Laureles acusado por narcotráfico.
Alfredo Sosa: exconcejal de Tacuatí, procesado por el homicidio de un intendente. Se encuentra en la clandestinidad.
Antonio Galeano: Exintendente de Capiatá imputado por fraude.
José María Luis Bogado Martínez: Exconcejal departamental de Amambay imputado por narcotráfico.
Ignacio Patricio Fretes Acosta: Ex intendente de Laureles acusado por narcotráfico.
Víctor Bordoli: Exintendente de Humaitá imputado por apropiación.
Rubén Roussillón: Gobernador saliente de Presidente Hayes y diputado electo quien está acusado por el caso Conajzar y por la supuesta tragada de unos de G. 55.000 millones junto con otros, entre ellos Oscar Núñez.
Gustavo Giménez: Exintendente de Natalicio Talavera, procesado por delitos sexuales.
Jorge Ramón Ibarra: Exvicecónsul y seccionalero en Buenos Aires, Argentina. Cayó preso en Guarambaré por transportar 30 kilos de marihuana.
Ricardo Teresio Rodríguez Quiñónez: Ex intendente de San Antonio (1991-1996). Estuvo preso en Emboscada por fraude. Tiene antecedentes de estafa siendo intendente.
Mario Benítez: Exintendente de Santa Rosa 2010-2015. Investigado por la Fiscalía y tuvo orden de captura para comparecer. Tras unirse al cartismo, la Fiscalía dejó de investigarlo.
Juan Carlos Rodríguez: Exintendente de San Pedro del Ycuamandiyu. Procesado por la desaparición de 100.000 euros para un proyecto del gobierno español. Logró una salida procesal en una causa por lesión de confianza.
Jorge Magno Candia: Extitular de Copaco (2007-08) y actual concejal de Mariano Roque Alonso. Logró que la Justicia extinguiera su proceso por lesión de confianza que data de 2007 por haber ocasionado un perjuicio de 475.000 euros a la firma estatal.
Pablo Giménez Gallardo: Imputado en 2009, siendo concejal de Fernando de la Mora, por recibir coima de US$ 1.850 a cambio de la agilización de trámites. Fue absuelto en 2016. La Justicia dijo que había “duda” en la nitidez de la Cámara Oculta.
Juan Carlos Bottino: Exgobernador de Ñeembucú 2003-2008. Procesado por lesión de confianza por G. 1.402 millones y enriquecimiento ilícito.
Antoliano Leguizamón: Exintendente de Villa Franca 2001-2010. Acusado por presunto perjuicio de G. 1.500 millones.
Julio Rolando González Giménez: diputado suplente de Asunción. un exfuncionario de la Municipalidad de Asunción que fue procesado por el caso Ivesur.
Eladio Alcaraz: Exintendente de Mcal. Estigarribia destituido por la Junta. Imputado por el supuesto desvío del Fonacide en 2013 por unos G. 3.936 millones.