Diputados aprueba US$ 234 millones para camino y repartija a soldados de 1989

Diputados ayer sancionó y remitió al Ejecutivo la aprobación de un crédito por hasta US$ 220 millones para construir la “ruta de la soberanía”, que pretende unir Amambay y Canindeyú en la frontera con Brasil. También levantaron veto contra la repartija de US$ 14 millones para conscriptos del golpe de ‘89 y definirá el Senado.

Grupo de conscriptos del golpe estuvieron en vigilia ayer frente al Congreso esperando la decisiónARCENIO ACUÑA
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Luego de un extenso debate en el cual, tanto colorados como liberales intentaron sacar rédito político, la Cámara de Diputados sancionó un crédito de hasta US$ 220 millones (equivalentes a G. 1,6 billones) para el “financiamiento del proyecto de mejoramiento de la Ruta Nacional N° 17, tramo vial que une Pedro Juan Caballero - Capitán Bado - Itanará - Ypejhú”. El crédito será proveído por el Fondo Financiero para el desarrollo de la Cuenca del Plata (Fonplata).

El diputado y gobernador electo de Amambay, Juan “Juancho” Acosta (ANR, FR), fue el principal promotor de la aprobación de este proyecto para la que llamó la “Ruta de la Soberanía” debido a que “muchas veces, a causa del clima, el mal estado del camino es tal, que tenemos que transitar por el Brasil como vía más rápida”.

“Este proyecto tiene 25 años de haber sido presentado por varios diputados del departamento de Amambay, de diferentes partidos políticos, en períodos anteriores y nunca pudo ser concretado y hoy está en nuestras manos dar una esperanza a los amambayenses”, acotó el futuro gobernador, que como pocas veces intervino en la sesión.

Varios colorados celebraron que las obras finalmente se vayan a concretar durante gobiernos departamentales de la ANR en Amambay y Canindeyú, lo cual generó el enojo de liberales que reclamaron que anteriormente, justamente por tener gobernadores del PLRA, se trancaron obras.

“El presupuesto del Estado debe abarcar a todos los departamentos y Amambay es un departamento que en este periodo (de gobierno departamental liberal) no tuvo ninguna obra vial y lo que recibimos fueron migajas del gobierno”, reclamó Juan Manuel Acevedo (PLRA).

“Tantas felicitaciones a Juancho, Juancho, Juancho... este es un proyecto de Robert Acevedo (+), vamos na a respetar a los muertos por lo menos y no se hizo porque justamente era de Robert Acevedo y las rutas que se hacen tienen que ser coloradas”, acotó la diputada Celeste Amarilla (PLRA) que motivó una discusión a gritos con Juan Carlos “Nano” Galaverna (ANR, HC).

Ambos intercambiaron acusaciones mutuas, mientras el diputado y senador electo Colym Soroka (ANR) intentaba realizar su intervención.

Otros diputados como Enrique Antonio Buzarquis (PLRA), Sergio Rojas (PLRA) y Kattya González (PEN) cuestionaron más bien el fondo de la cuestión, que es el aumento de la deuda pública.

“Los padres de este proyecto van a ser los que van a terminar pagando esta deuda que vamos a adquirir ahora y eso se va a pagar en 20 años”, dijo Rojas.

El diputado y senador electo Rojas dijo que antes que jactarse. “lo que sí tenemos que hacer, en algún momento, como Estado y como Parlamento, es ver hasta cuánto aguanta el Estado paraguayo los créditos”.

El que nada debe...

Tanto la intervención de Amarilla como de Rojas motivaron la reacción de “Nano” Galaverna, que tuvo una confusa intervención.

“Hay una frase que dice: El que nada debe, nada tiene”, afirmó Galaverna, ante lo cual su colega Amarilla rápidamente le reprochó como un error, haciendo alusión a que la frase popular que es: “El que nada debe, nada teme”.

Galaverna respondió de mala manera diciendo: “Esta es otra frase boba... coimera”. A juzgar por el contexto de la discusión, el legislador cartista aparentemente quiso expresar que quién no se endeuda, difícilmente logra el desarrollo.

Indemnización depende del Senado

También ayer, casi por unanimidad de los diputados presentes, se rechazó el veto al proyecto “que establece un régimen de indemnización de los soldados conscriptos que prestaron servicio durante la gesta del 2 y 3 de febrero del año 1989″.

Sin mayor debate y pese a los argumentos de falta de un censo transparente de beneficiarios y que no existen fondos, igual se aprobó esta iniciativa que se estima costará unos G. 104.224.084.750 (más de US$ 14 millones). Si Senado levanta el veto, quedará promulgado y si no, pasa al archivo.

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