El Consejo de Administración del Instituto de Previsión Social (IPS), presidido por Vicente Bataglia, pretende este año entregar más de G. 53.000 millones, alrededor de US$ 7,4 millones, a empresas “mimadas” por la tercerización del servicio de limpieza. Estas firmas tienen denuncias por estafa, fueron sumariadas y arrastran incumplimientos de pagos a sus trabajadores, pero acaparan los contratos en la previsional desde hace una década.
Por resolución N° 1820/23, la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP) resolvió “la suspensión del procedimiento de contratación, hasta tanto se resuelva la investigación de oficio”, sobre el llamado a licitación para “servicio de limpieza e higienización para las distintas dependencias del interior del IPS” con ID 422444.
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La investigación se da tras una denuncia recepcionada a través del Sistema de Trámites Jurídicos Electrónicos el pasado 5 de junio.
Uno de los principales cuestionamientos es el presunto direccionamiento del contrato. El IPS “obliga” sin costo adicional a utilizar para áreas críticas como el quirófano, los “servicios del robot móvil con sistema de desinfección por radiación ultravioleta de tipo C”.
En otra parte manifiesta que son de “carácter obligatorio los servicios de máquinas criogénica industrial de alta resistencia y de larga duración”.
Lo llamativo es que ambas máquinas deben contar con la autorización del representante, por parte de la fábrica, distribuidor o representante, para ofertar el servicio solicitado, todo esto además de los catálogos y comprobante de compra o despacho aduanero de los equipos.
“Este requerimiento pone a los oferentes en manos del representante local, que es una empresa vinculada a algunos proveedores, y que sencillamente no responde a los pedidos formulados por potenciales interesados, pues con ello sencillamente evitan la competencia. Actualmente las únicas empresas que cuentan con este tipo de documentación son Cevima, Potî SA y Consermar”, sostiene la denuncia.
Resalta además que toda la información vinculada con las máquinas exigidas, naturalmente deben ser otorgadas por el representante, pues el fabricante deriva cualquier consulta al respecto a su representante local.
“Estamos ante un claro oligopolio de empresas, que se amparan en exigencias dispuestas ilegalmente por el Instituto de Previsión Social (IPS) y que con ello restringen totalmente el acceso a la posibilidad de participar a empresas que puedan resultar interesadas”, señala el documento.
El cronograma de la licitación señala que hoy se tenía previsto hacer la apertura física de las ofertas. El llamado se publicó el pasado 11 de mayo, según consta en el portal de Contrataciones Públicas.
Otros cuestionamientos
Esto representa un nuevo revés para el IPS porque también se le suspendió la megalicitación de lavado y planchado de ropas hospitalarias para todos sus establecimientos. Este proceso quedó interrumpido luego de un amparo judicial promovido por el sindicato de profesionales y jubilados. Están en juego G. 484.885 millones, unos US$ 67 millones, en un plazo de 10 años.
La previsional tiene pendiente informar al Congreso sobre esta licitación y además acerca del uso de cupos de combustible.
Otro proceso en curso con cuestionamientos tiene que ver con el llamado a licitación para la compra de sábanas y frazadas por G. 17.545 millones, casi US$ 2,4 millones.
En esta convocatoria también existen denuncias de direccionamiento hacia las empresas Ao Potî SA (Luis Felipe Souza Mujica) y Salotex SRL (Luis Eduardo Salomón Nunes).
Empresas en la mira, según la denuncia
Una de las empresas que sería beneficiada con el millonario contrato de la previsional es la firma Potî SA, propiedad de Alberto Raúl Palumbo, que soporta procesos judiciales de distinta índole, además de reclamos de sus empleados por falta de pago.
En el caso de Cevima SA, representada por Claudio Escobar Brizuela, también tiene en su haber varias denuncias, entre ellas por estafa, incumplimiento de contrato y descuento de forma irregular del salario a limpiadores. La firma consigue adjudicaciones desde hace mucho tiempo. Solo el año pasado se alzó con G. 50.000 millones para cubrir uno de los lotes.
En el caso de Consermar, representada por María Carolina Molas, que integra el consorcio C y M, es la que actualmente está a cargo de parte del servicio de limpieza por G. 40.000 millones.