El equipo de transición designado por el presidente electo Santiago Peña (ANR, HC) solicitó vía nota al actual Gobierno que frene todas las licitaciones y designaciones no indispensables, ante el temor de encontrarse con la “cajas vacías” una vez que asuman el 15 de agosto, sin embargo, mañana se verá si este pedido es acatado o ignorado por sus propios aliados en la Cámara de Diputados.
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Como cuarto punto del orden del día de la sesión extraordinaria de mañana en Diputados figura el estudio del veto total del Ejecutivo “que establece un régimen de indemnización de los soldados conscriptos que prestaron servicio durante la gesta del 2 y 3 de febrero del año 1989″.
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El Ejecutivo, sin bien reconoce el derecho a reclamar una indemnización al Estado, advierte en el veto que no existe en el Presupuesto General de la Nación 2023 de dónde sacar el millonario monto que implicaría este proyecto de ley, sobre el cual no existe siquiera un censo claro de la cantidad de beneficiarios.
A falta de datos precisos de cuántos afectados directos y herederos podrían reclamar esta indemnización, por censos anteriores estiman que como mínimo habrá 1.417 solicitantes, a los que corresponderá cada uno el equivalente a 750 jornales mínimos (G. 73.566.750).
Esto implica una potencial erogación total de G. 104.224.084.750, que deberán ser cubiertos con fondos propios del Estado, que actualmente ya están todos comprometidos en el PGN 2023.
En su argumento para el veto total, el Ejecutivo agrega que además tiene compromisos sin cumplir con víctimas de la dictadura, precisamente por la falta de fondos.
Refieren que si bien hasta el año pasado ya desembolsaron G. 691.972.575.830 para víctimas de las dictadura, se adeuda en el mismo concepto G. 223.597.272.689, es decir, casi el doble de lo que ahora reclaman los conscriptos.
Durante el tratamiento en el Congreso antes del veto, en plena campaña electoral, los cartistas formaron parte de la mayoría que sancionó este proyecto, sin embargo, ahora se encuentran embretados entre ratificarse en su posición inicial o hacer caso al pedido del gobierno entrante de parar proyectos que afecten el presupuesto.