Los diputados proyectistas Fernando Oreggioni y Jorge Ávalos Mariño, ambos liberales, alegan en el documento que ha pasado dos años de la presentación de la acción de inconstitucionalidad y trece meses en que la Corte decidió hacer lugar al estudio.
Los ministros César Diesel, Víctor Ríos Ojeda y Alberto Martínez Simón habían hecho lugar a la medida cautelar de urgencia solicitada por la EBY y con ello se trabó el ingreso de la Contraloría General para auditar el uso de los gastos sociales.
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La acción interpuesta por la EBY fundamenta que los ingresos y egresos de las Entidades Binacionales Itaipú y Yacyretá no forman parte del Presupuesto General de la Nación por lo cual la Contraloría no puede ingresar a auditar el uso de los fondos sociales. Similar acción también presentó la Itaipú ante la Sala Constitucional de la Corte para que haga lugar a la medida contra la resolución CGR N° 236 que establece una auditoría a las binacionales, y pide que la Corte Suprema disponga “con carácter de urgencia” la suspensión de efectos de la dicha resolución.
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Allí la binacional Itaipú planteó como principal argumento que resulta inconstitucional que la Contraloría General de la República ejerza un control financiero/cumplimiento a los gastos sociales teniendo en cuenta que Itaipú es una persona jurídica conformada por el Brasil y nuestro país. En ese sentido, indican que ningún órgano interno puede influir en la binacional sin previa autorización otorgada mediante un tratado entre ambas partes contratantes.