Con el veto total, el proyecto primeramente deberá ser tratado en la Cámara de origen, en este caso el Senado, donde el plan de ley fue aprobado por simple mayoría, por lo que ni siquiera se consignó la cantidad de votos en dicha ocasión.
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Para levantar el veto, en Cámara Alta se requiere mayoría absoluta (23 votos) y en primera instancia acompañaron incluso varios senadores opositores. En la Cámara de Diputados la mayoría que aprobó inicialmente el proyecto hace temer que haya números para levantar el veto.
En dicha ocasión, 35 diputados votaron a favor y 19 en contra, pero lo preocupante es que todos los que apoyaron son principalmente colorados, cuya bancada unificada por sí sola tiene 43 miembros y para rechazar el veto se requiere apenas 41 votos. A esto hay que sumarle a los liberales llano-cartistas, que también acompañaron en ese momento el cuestionado plan.
Tanto el Ejecutivo, en su argumento para el veto, como en su momento algunos legisladores, como la diputada y exfiscala Rocío Vallejo (PPQ), advirtieron de lo altamente riesgoso de ese proyecto de ley, ya que si bien establece que podrán ser beneficiados con penas menores aquellos que cometan delitos y crímenes con expectativa de hasta 12 años de prisión, en ese rango están incluidos corruptos, narcotraficantes, abusadores y hasta algunos casos de asesinato.