Mientras sigue pendiente en Diputados el pedido de juicio político contra el miembro del Consejo de la Magistratura Jorge Bogarín Alfonso (ANR, HC), la Cámara Alta pidió a la Cancillería Nacional, cuyo titular es Julio César Arriola, informar por qué sigue apareciendo como funcionario diplomático.
Dicho pedido de informe fue aprobado sin debate junto a otros textos similares al inicio del orden del día de la sesión ordinaria de la Cámara de Senadores.
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¿Cuál es el fundamento por el cual el señor Jorge Bogarín Alfonso sigue perteneciendo al servicio diplomático habiendo transcurrido tres años de su declaración de situación de disponibilidad?, cuestiona el Senado a la Cancillería.
El pleno también exige a la cartera informar si Bogarín Alfonso presentó un pedido de “licencia especial” conforme el artículo 20, inciso a de la Ley N° 1335/99.
" ¿Cuáles son los motivos en los que se funda la institución a su cargo para mantener el permiso especial del señor Jorge Bogarín Alfonso en su condición de funcionario escalafonado?”, cuestiona la Cámara Alta.
“¿El Ministerio de Relaciones Exteriores tiene prevista la reincorporación del señor Jorge Bogarín Alfonso al servicio diplomático fuera del plazo previsto en la ley para los funcionarios escalafonados en situación de disponibilidad?”, consulta además.
El documento señala que Bogarín Alfonso solicitó ser declarado en “situación de disponibilidad” conforme lo previsto en el artículo 20 de la Ley N° 1335/99, lo cual implica la separación temporal del cargo mientras no se extienda por más de dos años.
Advierte que la misma ley señala que el solicitante podrá ser reincorporado al servicio cuando así lo soliciten, dentro de los plazos previstos.
Según las denuncias en su contra, Bogarín Alfonso habría operado para destituir al fallecido fiscal Jorge López Lohman y así congraciarse con su amigo Vicente Ferreira, también sancionado por el país norteamericano. Las otras denuncias en torno a Bogarín hablan del copamiento con hurreros del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM) y la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Asunción (UNA). A esto se suma el sorpresivo crecimiento patrimonial de él y su esposa, la jueza Karen González, una vez que accedió al CM y JEM.