La Justicia Electoral emitió ayer la resolución Nº 145/2023 por la “cual se aprueba el reglamento para la aplicación de la sanción de multa por no votar”, que establece los trámites para la aplicación de la sanción en estas Elecciones Paraguay 2023, que era el motivo por el cual, pese a existir el castigo en la ley, no se hacía efectivo.
La reglamentación no cambia mucho el panorama, ya que en la práctica, el único castigo que es el cobro de la multa (un jornal diario equivalente a G. 98.089), es casi imposible y además la falta de pago no tiene consecuencia más que la exposición pública en una lista de morosos.
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Los afectados con multa por no votar
El artículo 8 establece que la Dirección del Registro Electoral hará la revisión de todos los que no hayan votado de entre los 4.782.940 habilitados en el padrón.
Los únicos exceptuados de las sanciones son los mayores de 75 años de edad, los ciudadanos residentes en ciudades del extranjero en las cuales no se habilitaron mesas de votación, los privados de libertad y los magistrados y funcionarios electorales que presten servicio el día de las elecciones.
Una vez que se identifique a los infractores en un plazo de 10 días los fiscales electorales deberán solicitar a un juez electoral la aplicación de la sanción, junto a las pruebas. Luego se publicará en la página web de la Justicia Electoral la nómina preliminar de los sancionados.
Los afectados tendrán un plazo de 60 días para apelar alguna eventual inclusión irregular en la nómina, tras lo cual, un juez electoral dictará sentencia.
El trámite para exigir el pago de la multa estará a cargo del Procurador General de la República.
Sin locales de pago para multados
El asesor del TSJE, Luis Alberto Mauro, indicó que en el transcurso de los próximos meses definirán los lugares de pago que pueden ser bocas de cobranza privadas o sucursales del Banco Nacional de Fomento (BNF).
Al ser consultado si harán licitación para dicho servicio, dijo que eso definirá el Procurador. Supuestamente, lo recaudado irá directo a Hacienda.
Imposible de aplicar sanción
En las pasadas elecciones hubo una participación del 62,8%, que de repetirse este año implicará que la Procuraduría tendrá que pagar las tasas judiciales e iniciar 1.779.254 juicios ejecutivos ante Juzgados de Paz para eventualmente lograr el cobro de G. 98.089 por cada no votante.
Eso sin contar que no previeron que en el exterior no existen Juzgados Electorales donde eventualmente recurrir y apelar.