La Contraloría General de la República (CGR), en un primer análisis de correspondencia, detectó que el juez Elio Rubén Ovelar y su esposa la fiscal Marlene González registraban una millonaria variación patrimonial sin sustentabilidad. Según el documento de casi 70 páginas, entre ambos tuvieron un aumento de G. 2.113 millones, entre los años 2002 y 2020.
El magistrado y la funcionaria del Ministerio Público, en su descargo presentado ante la Contraloría, argumentaron que ese crecimiento se debió a supuestos anticipos de herencia, de G. 300 millones, para Ovelar y 134 millones de guaraníes para González. Esta explicación hizo que la CGR pueda determinar una correspondencia positiva; sin embargo, igualmente se remitió todos los antecedentes a la Fiscalía General del Estado, Subsecretaría de Estado de Tributación (SET) y la Secretaría de Prevención del Lavado de Dinero (Seprelad) para el inicio de una investigación.
Bienes “olvidados” por Elio Ovelar y fiscala González
Además de la variación patrimonial, el informe realizado por la Contraloría detectó que el matrimonio no declaró cuentas bancarias y financieras como tampoco propiedades, préstamos millonarios y tarjetas de créditos. Asimismo, encontró movimientos frecuentes de cambio de moneda, dólares, euros, pesos argentinos y uruguayos como también una abismal diferencia entre ingresos percibidos y las declaraciones impositivas de Ovelar y González.
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Con relación a los inmuebles no consignados en sus DD.JJ., el juez Ovelar -que con su voto absolvió recientemente al exministro de Urbanismo y la Vivienda Dany Durand en un proceso de declaración falsa- argumentó que una de las fincas, localizadas específicamente en San Bernardino “olvidó” no informar por un error involuntario. Según dijo, esto fue debido a que la adquisición de esa finca la realizó su hijo de nombre Federico Ariel Ovelar González, a través de un préstamo de G. 45 millones en el Banco Nacional de Fomento (BNF), obtenido el 10 de abril de 2017.
El magistrado señaló que su hijo canceló dicho crédito el 10 de abril de 2020. Luego de eso se procedió a la regularización y transferencia de la citada propiedad a nombre de su hijo, según argumentó.
Lo llamativo es que el hijo del matrimonio Ovelar-González no hizo mención de ese inmueble como tampoco la millonaria en ninguna de sus 7 declaraciones juradas presentadas entre 2015 y 2023 y publicadas en la página web de la CGR. Federico Ariel Ovelar González es funcionario del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM) desde el 2 de marzo de 2012.
Entre 2021 y febrero de este año, en las planillas, Ovelar González figura como comisionado del JEM al Ministerio de Industria y Comercio (MIC), con un salario mensual de G. 17 millones.
¿Otro olvido por parte de Ovelar?
Una de las declaraciones juradas presentadas por Federico Ariel Ovelar González, hijo de juez y la fiscal, corresponde al 12 de febrero de 2018. En este documento, consignó que tenía activos de G. 111.700.000, integrado por G. 3.500.000 en efectivo, G. 7.200.000 en depósitos, un vehículo cotizado en G. 90 millones y electrodomésticos por 11 millones de guaraníes. No aparece terreno alguno.
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Lo llamativo es que tampoco registró pasivos, pese a que meses antes -según el juez Ovelar- obtuvo un crédito de G. 45 millones del BNF.
La siguiente manifestación de bienes del funcionario Ovelar González es del 15 de marzo de 2021. Para entonces, sus activos treparon a G. 227.200.000, conformado por G. 5 millones, en efectivo; depósitos por G. 7.200.000, dos vehículos cotizados en G. 200 millones y electrodomésticos por G. 15 millones. Nuevamente, no aparece el inmueble en San Bernardino, que de acuerdo al magistrado era de su hijo.
En esa declaración jurada, Ovelar González ya registró pasivos por G. 3.400.000. Su patrimonio neto era de G. 223.800.000.
Hablan de nefasto precedente
Los jueces Elio Ovelar y Darío Báez, en mayoría, absolvieron el lunes último a Dany Durand Espínola, exdiputado y exministro del Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Hábitat (MUVH), por declaración jurada falsa. La jueza María Luz Martínez votó por condena a 1 año y 6 meses.
Los jueces Elio Ovelar y Darío Báez, por más que los hechos señalados por la Fiscalía existieron, expresaron que no constituyen la conducta típica prevista en el Código Penal. “Es decir está mal, pero típico no es (...), resumió Báez, tras sostener que la falta de reglamentación de la Ley 5033, que establece la obligatoriedad de los funcionarios de públicos de presentar sus declaraciones juradas de bienes e ingresos ante la CGR, no permite sancionar dicha conducta.
La fiscal Natalia Fúster afirmó que el fundamento utilizado por los jueces Ovelar y Báez que absolvieron al exministro Durand es una invitación a falsear las declaraciones juradas de bienes y rentas. Lamentó que los magistrados hayan comparado a la declaración jurada falsa con una declaración indagatoria, en la que una persona no estará obligada a declarar en su contra.
Por su lado, el contralor general de la República, Camilo Benítez, afirmó que permitir equivocaciones en las DD.JJ. podría derivar en casos de omisión de datos “a propósito”. La permisividad ante una rectificación de declaraciones juradas derivaría en más casos en los que funcionarios adrede omitan o falseen sus datos sobre su patrimonio, dijo.