El informe global de derechos humanos de Amnistía Internacional (AI) reveló una serie de amenazas contra los derechos básicos a lo largo de 2022 en todo el mundo, también en Paraguay.
“Paraguay enfrentó en 2022 graves amenazas a los derechos humanos”, comenzó diciendo el comunicado de la oficina de AI en nuestro país.
Algunas de esas amenazas, señalaron, fueron las persistentes restricciones a la libertad de expresión y protesta social, la violencia contra las mujeres que se agravó y el creciente número de partos infantiles
Restricciones a libertad de expresión
El informe de AI señala que en Paraguay “persistían las restricciones a la libertad de expresión”.
Recordó que en diciembre, la Corte Interamericana de Derechos Humanos dictó sentencia en la causa de Santiago Leguizamón, periodista asesinado en 1991.
“La Corte responsabilizó a Paraguay de violar el derecho a la libertad de expresión, entre otros derechos, y ordenó al Estado proporcionar reparación”, señaló el documento.
“Varios estudiantes, incluida la activista Vivian Genes, seguían afrontando cargos de incendio provocado en relación con un fuego que en 2021 había afectado a la sede del partido gobernante. El incendio se había producido durante las protestas sociales contra la mala gestión de los recursos destinados a abordar la pandemia de COVID-19. Las autoridades judiciales decidieron elevar la causa a juicio oral y público”, continuó.
Además citó el caso de Aurora Lezcano, estudiante que fue absuelta en un proceso que duró cinco años luego de haber participado de una protesta dentro de la Universidad Católica Nuestra Señora de la Asunción.
Persecución contra ABC
“El periodista Juan Carlos Lezcano fue absuelto de cargos de difamación en la segunda de las cinco causas abiertas contra él por informar sobre irregularidades en la administración pública”, manifiesta parte del informe sobre los procesos judiciales abiertos contra el periodista de ABC Color.
Además, la directora de nuestro medio, Natalia Zuccolillo, también afrontó junto al comunicador tres procesos judiciales, todos planteados por la exviceministra cartista de Tributación, Marta González Ayala, y el marido de la misma, Jacinto Santa María.
“En noviembre, él y la directora del medio informativo impreso para el que trabajaba fueron declarados culpables de difamación en la tercera de esas causas y condenados a pagar una multa”, continúa el documento.
González Ayala y su esposo Jacinto Santa María habían presentado dos querellas, molestos por publicaciones de ABC Color que partieron de las denuncias de Juan Báez, un modesto poblador de la zona de Mbatoví, departamento de Paraguarí, que acusó al matrimonio de intentar despojarlo de su inmueble.
En la mencionada causa, la Justicia absolvió al periodista y a la directora del diario ABC Color
Sin embargo, en forma paralela y en otro juicio relacionado con una causa de querella por difamación que fue impulsada por la extitular de Tributación, el juez Wilfrido Peralta emitió un aberrante fallo contra el diario ABC Color y la directora del medio, ante publicaciones realizadas en contra de un contrato para la actualización del sistema tributario, suscrito cuando González Ayala era jefa de la SET. Esa resolución fue calificada de censura por organizaciones dedicadas al control democrático. Luego de ello Peralta se jubiló.
El informe completo se puede leer aquí.
Impunidad en casos de tortura
El informe señala, además, que en abril, el Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura confirmó que los cadetes superiores de la Academia Militar Mariscal Francisco Solano López habían infligido tortura y otros malos tratos al personal de menor rango. El Mecanismo constató además que en los centros penitenciarios persistían las violaciones de derechos humanos.
También denunciaron que el Ministerio Público no realizó avances en relación con las denuncias de 35 sobrevivientes de tortura y malos tratos infligidos en la base naval de Ciudad del Este en 2020.