La propuesta legislativa presentada el año pasado por la bancada del Frente Guasu y con respaldo del presidente del Senado, Óscar “Cachito” Salomón (ANR, FR) tiene por objeto crear un marco regulatorio para el cultivo, producción, distribución, comercialización y uso de la planta de cannabis y sus derivados en todo el territorio nacional, de modo tal que el Estado asuma en forma exclusiva el control y la regulación de las actividades asociadas a dicho objeto.
El presidente de la comisión de Legislación, Hugo Richer (FG) tras el término de la mesa de trabajo conformada con varias instituciones públicas señaló que avanzan en la necesidad de tratar el proyecto en la comisión para posteriormente emitir dictámenes.
En la reunión participaron representantes de la Universidad Nacional de Asunción (UNA), Servicio Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semillas (Senave), Secretaría Nacional Antidrogas (Senad), Ministerio de Industria, Hacienda y Salud. Además de funcionarios de la Fiscalía General del Estado quienes pidieron 15 días para acercar el dictamen de la institución considerando la asunción de Emiliano Rolón al frente de la institución.
Los senadores en la exposición de motivos del proyecto de ley mencionan que el Paraguay dio un primer gran paso en materia de regulación del uso medicinal, terapéutico y paliativo del cannabis con la sanción de la ley 6007/2017 «Que crea el Programa Nacional para el Estudio y la Investigación Médica y Científica del uso medicinal de la planta del cannabis y sus derivados”.
Por medio de esta ley única en el mundo, el Estado paraguayo está obligado a «garantizar el acceso gratuito al aceite de cáñamo y demás derivados de la planta de la planta de cannabis» a toda persona que lo necesite, además de promoverse su estudio científico con recursos públicos.
Sin embargo, mencionan que a casi cinco años de su sanción, y a pesar de haber sido concedidas 12 licencias a laboratorios privados para su implementación, es notoria la falta de acceso real a gran cantidad de pacientes que requieren del cannabis medicinal, sea dentro del margen reducido de lo permitido hoy día como de patologías cuyos tratamientos y terapias con cannabis fueron arbitrariamente excluidos, señalan.
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Los senadores sostienen que actualmente sólo se acepta su uso en pacientes con epilepsia resistente a los fármacos o «refractaria», dejando por fuera diversas dolencias y afecciones sobre las cuales existe evidencia mundial de ser tratadas exitosamente con cannabinoides.
Lo que plantea el proyecto de ley
Con la aprobación de la norma se busca que el proyecto de ley sea declarado de interés nacional, además de establecer que el Banco Nacional de Fomento (BNF) y el Crédito Agrícola de Habilitación (CAH) e instituciones similares, otorguen líneas de créditos para el estímulo, la producción, el desarrollo, el fomento y la comercialización del cultivo de cannabis a los productores agrícolas y a los emprendimientos industriales que cumplan con los recaudos exigidos por las normas que rigen la materia.
Se crea el Instituto Nacional para la Regulación y Control del Cannabis (INCANNA), organismo de carácter público dependiente del Poder Ejecutivo, con plena autonomía funcional y autarquía financiera, personería jurídica propia y capacidad de actuación en el ámbito del derecho público y del privado, el cual actuará como autoridad de aplicación.
Asimismo, se incorpora al cannabis y a sus derivados en el artículo 115 de la Ley N 6380/2019 de Modernización y Simplificación del Sistema Tributario y se plantea como tasa de 1% al 15%, cuya recaudación en un 60% irá destinado a estrategias de prevención y reducción del daño en terapias y tratamientos ambulatorios por consumos problemáticos, 25% para investigación y desarrollo y el 15% para el funcionamiento de la autoridad de aplicación.