El imputado intendente cartista Gustavo Rodríguez, junto con su abogado Derlis Flores, llegaron hasta el Juzgado Penal de Garantías de Asunción para plantear una apelación general en contra de la providencia por la cual el juez Humberto Otazú admitió la imputación presentada por la fiscal de Delitos Económicos Victoria Acuña contra el jefe comunal. Otazú convocó para ayer a la audiencia de imposición de medidas pero se suspendió.
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El cartista argumenta que la decisión del magistrado tuvo que haberse dado a través de un Auto Interlocutorio, no por providencia, por lo cual pide la anulación total de su imputación por supuesta lesión de confianza por un faltante de más de G. 4.000 millones (según Contraloría) y un daño patrimonial de unos G. 18.000 millones (de acuerdo a la intervención del Ejecutivo). “La fiscalía presentó acta de imputación y el juzgado fijó audiencia por una providencia. Es decir, no se hizo por algo fundado, a criterio nuestro. Además, la imputación no describe la conducta de cada una de las personas imputadas, no dice la responsabilidad de los otros imputados, lo hace de manera genérica” dijo el abogado Derlis Flores.
Los imputados
Rodríguez está imputado, al igual que Vicente Báez, Rubén Alder Leguizamón, José Luis Baruja Legal, Sergio Isasi, Diego Armando Espínola, Giselle Nohemí Irala, Pedro Antonio Morel y Fátima María Pereira Ocampo, por lesión de confianza. El Ministerio Público pidió prohibición de acercarse a la sede municipal y otras medidas.
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Estas personas forman parte de la gestión municipal y serían los responsables de las irregularidades detectadas primeramente por la Contraloría, que encontró un faltante de más de G. 4.000 millones. Con este documento, la Junta Municipal de San Pedro del Ycuamadyyú solicitó una intervención, que fue aprobada en diciembre pasado en Diputados.
Amancio Rivas fue designado interventor y detectó un daño patrimonial de G. 18.000 millones. El documento está en Diputados, y la destitución debe ser analizada el miércoles 22, a las 11:00, en una sesión extraordinaria. Mientras, Rodríguez sigue administrando los recursos municipales. Una “carpa de la resistencia” se instaló para reclamar la destitución.