El nuevo fiscal general de Estado, Emiliano Rolón, dispuso, mediante resolución N° 1.557, dejar sin efecto los traslados temporales o comisiones interinstitucionales y las prórrogas de comisiones a otras instituciones, de funcionarios del Ministerio Público. La decisión establece que todos los afectados deberán presentarse ante la Dirección de Gestión de Talento Humano para las instrucciones correspondientes a partir de mañana, 13 de marzo.
Datos públicos de la Fiscalía General del Estado revelan que 152 funcionarios consiguieron, entre enero y febrero de este año, acceder a ese régimen cuando aún era titular de la institución, Sandra Raquel Quiñónez Astigarraga. Los trabajadores, que van desde asistentes fiscales, choferes, técnicos, directores hasta auxiliares, están distribuidos en más de 60 entidades públicas, siendo el Ministerio de la Niñez y la Adolescencia (MINNA) la más beneficiada con diez empleados.
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Luego, están el Ministerio de Justicia, Cámara de Senadores, Ministerio de Hacienda, Cámara de Diputados, Dirección Nacional de Aduanas y la Contraloría General de la República (ver listado completo en infografía adjunta)
Los más comisionados
Las planillas igualmente evidencian que, de la cifra total de funcionarios comisionados por el Ministerio Público, 66 corresponden a asistentes fiscales, mientras que 21 son asistentes, once coordinadores, diez jefes de departamento, nueve secretarios, nueve auxiliares fiscales, seis directores, cinco choferes, cuatro auxiliares, tres asesores, dos asistentes técnicos, un sicólogo y un técnico fiscal.
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Un punto llamativo es que la mayoría de los funcionarios actualmente desempeñan funciones administrativas, según los datos públicos de las mismas instituciones beneficiadas. Los salarios de los comisionados oscilan entre G. 15.854.496 y G. 2.550.307, en forma mensual, significando una erogación global superior a G. 1.069 millones por mes.