La jueza Penal de Garantías Cynthia Lovera se allanó al pedido del fiscal Francisco Cabrera para cerrar la causa por presunto “cobro indebido de honorarios” como funcionario de la Cámara de Diputados, Miguel Ángel Carballo Gómez, denominado “mecánico de oro” por su cuestionada fortuna y sospechado de ser prestanombres del exsenador Víctor Bogado (ANR, HC).
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La Fiscalía, a través del agente fiscal Francisco Cabrera y con la venia de la fiscala adjunta anticorrupción, Soledad Machuca, había servido en bandeja al Juzgado para que se extinga el proceso contra Carballo, que admitió el delito.
Al mismo se lo acusó de cobrar un millonario salario como “asesor” de la Cámara Baja durante la presidencia de Víctor Bogado, pero se comprobó que efectivamente no desempeñaba funciones, es decir, un caso de “planillerismo”.
La vieja fórmula de “devolver lo robado”, en este caso incluso menos
El Juzgado y la Fiscalía admitieron como una de las condiciones para la “suspensión condicional del procedimiento” la “reparación del daño particular” abonando la suma de G. 29.949.114, cifra que sería mucho menor al perjuicio real al Estado, ya que la Cámara de Diputados estimó que el monto de lo abogado de manera irregular incluso rondaría los G. 80 millones.
Esta forma de favorecer a sospechados de desfalcar al Estado es una costumbre. En la Cámara Baja ya se había aplicado a los diputados José María Ibáñez (ANR) y Tomás Ever Rivas (ANR, oficialista), ambos por casos conocidos como “caseros de oro”, ya que pagaban con rubros de Diputados a su empleados particulares.
En el caso de Ibáñez se libró comprando un generador al Leprocomio Santa Isabel, mientras que Rivas “devolvió lo robado”, con el aval del entonces presidente de Diputados, Pedro Alliana (ANR, HC)
Habrían omitido condena previa
Miguel Ángel Carballo había sido condenado por presunto enriquecimiento ilícito a 2 años y 6 meses de cárcel, condena que quedó firme en agosto de 2021. En juicio se demostró que Carballo no pudo comprobar el origen lícito de bienes por G. 4.500 millones, que pese a tener apenas salario del Estado, declaró ser dueño de un shopping en barrio Carmelitas de Asunción, entre otras varias propiedades millonarias.
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Llama la atención que en la resolución de la jueza Lovera menciona que accede al pedido, atendiendo a que “se observa que el mismo (Carballo) carece de antecedentes penales”.